martes, 13 de junio de 2017

El Supremo ratifica la anulación del canon de regadíos del año 2010 en Andalucía


El Tribunal Supremo, sobre la liquidación girada por el año 2010, indica que “resulta incuestionable que la liquidación del canon correspondiente al ejercicio de 2010 se giró por un órgano manifiestamente incompetente, contraviniendo flagrantemente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 del EAA” circunstancia que ha dado lugar a la nulidad de tal liquidación dadas las previsiones del art. 62.1.b) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio). 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017 ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 7 de abril de 2016 que  dejó sin efecto el canon de regulación de regadíos y la tarifa de utilización del agua en la campaña 2010.

La Sentencia de 7 de abril de 2016 anuló la liquidación girada por el canon de regadíos de 2010, al no tener la Junta de Andalucía competencias para ello dado que el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), que atribuía a dicha Comunidad competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del río Guadalquivir fue declarado inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 2011. El artículo 51 citado establecía que “la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, habiendo declarado el Tribunal Constitucional su inconstitucional por vulnerar el art. 149.1.22  de la Constitución Española al realizar “una concreción del criterio territorial de delimitación de las competencias que el citado precepto constitucional reserva al Estado”.
 
El Tribunal Supremo ha anulado la liquidación reconociendo el derecho del contribuyente a que se devuelvan los importes indebidamente ingresados por la Junta de Andalucía.

Publicado en el número 1007 de junio de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 466.

jueves, 1 de junio de 2017

También se anulan los Swaps de grupos agrícolas y ganaderos

Acostumbramos a asociar los juicios sobre clausulas suelo, participaciones preferentes o swaps con consumidores o particulares, desechando la idea que una empresa o sociedad puede reclamar por tales cuestiones. Sin embargo, no siempre ocurre así; la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2017 es una buena muestra de ello.

Esta sentencia resuelve un recurso interpuesto por  una sociedad (que agrupaba a varias empresas dedicadas a la explotación agrícola y ganadera) que suscribió con una entidad financiera un contrato de financiación por importe de 400.000 euros y adicionalmente un contrato de gestión de riesgos financieros, es decir, un Swap, cuya finalidad era ofrecer una cobertura contra el riesgo de la subida de los tipos de interés.

La Ley del Mercado de Valores (art. 78 bis) obliga a las entidades financieras a una serie de deberes con aquellos clientes que han sido calificaciones como minoristas (y no como profesionales): deberán asegurarse de la idoneidad y conveniencia de los productos ofrecidos y de suministrar información completa y suficiente, y con la antelación necesaria, sobre los riesgos que conllevan (en parecido sentido se pronuncia el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero).

El Tribunal Supremo consideró que la entidad financiera no dio la información suficiente lo cual provocó un error en el consentimiento de quién contrató con la entidad bancaria: la entidad bancaria no cumplió con los deberes de información de los riesgos concretos que podrían derivarse del funcionamiento del producto financiero, o del riesgo que podía comportar el coste económico de su cancelación anticipada.

A pesar de que el administrador de la sociedad que contrató con la entidad bancaria había acordado numerosos créditos en el marco de su actividad, el Tribunal Supremo resta relevancia a tal circunstancia: el hecho de que el cliente sea una sociedad mercantil no supone necesariamente su carácter experto, puesto que la formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el swap no es la del simple empresario

Por todo ello el Tribunal Supremo terminó por anular el contrato de gestión de riesgos financieros (swap o permuta financiera) ordenando la restitución recíproca de las prestaciones realizadas junto  con sus intereses legales desde la fecha de pago.

Publicado en el número 1006 de mayo de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 374.

viernes, 12 de mayo de 2017

Sin sanción a pesar de extraer más de un millón de m3 de agua sin autorización

La Sentencia de 17 de febrero de 2017 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha anulado la multa de 3.000 euros que la Confederación Hidrográfica del Segura impuso en el año 2015 a una Comunidad de Regantes por extraer 1.072. 681 m3 irregularmente.

La Comunidad de Regantes procedió a extraer más de un millón de metros cúbicos de agua de un sondeo que no se encontraba autorizado por la citada Confederación, conducta que sería constitutiva de la infracción prevista en el artículo 116.3 b) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el cual establece como infracción La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.


A pesar de que la conducta desarrollada por la Comunidad de Regantes encajaba en la infracción descrita en el artículo 116.3 b) citado, el Tribunal Superior de Justicia valoró que la obtención del agua se realizó en un sondeo que, si bien no había sido completamente aprobado, su autorización había sido proyectada (en sustitución de otro) por la propia Confederación: la Sala considera, que debe corroborarse este criterio y excluir la culpabilidad de la Comunidad de Regantes por entender que su actuación estaba amparada por esa permuta entre un sondeo y otro corroborada por actos propios de la propia Administración

La Sentencia alude a que el artículo 3.1,  párrafo segundo de la Ley 30/1992 , proclama que las Administraciones Públicas "...deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima..." (estas previsiones se recogen hoy en el artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) y al principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución para entender que la Comunidad de Regantes extrajo el agua creyendo que actuaba contando con autorización para ello dado que existen datos y hechos de la Administración, que corroboraban esa creencia de la actora, de actuar dentro de las normas, por la existencia de la permuta (de sondeos).

Publicado en el número 1005 de abril de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 270.


domingo, 30 de abril de 2017

Cierre de cuentas "futboleras". Analizando la normativa de Twitter



Aquellos seguidores de la Segunda División B del fútbol español que tienen actividad en la red social Twitter quizás hayan podido comprobar como determinadas cuentas que hacían un seguimiento a dicha categoría han sido suspendidas. Así, se han visto afectadas por tal suspensión las cuentas @Segunda_DivB, @LaSegundaB y @FutbolModestoEs.

Según se comenta en dicha red social, la suspensión de cuenta ha venido causada por el uso indebido de imágenes y/o vídeos lo que habría supuesto una violación de los derechos de autor de sus legítimos titulares.

Debemos recordar mínimamente las Condiciones de Twitter (para los residentes fuera de los Estados Unidos):

3. Contenido de los Servicios: … Twitter respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y espera que los usuarios de sus Servicios hagan lo mismo. Nos reservamos el derecho a eliminar Contenido que supuestamente infrinja esta norma, sin aviso previo, a nuestro único criterio y sin ninguna responsabilidad hacia usted.

4. Uso de los Servicios: … Podremos suspender o cancelar su cuenta o dejar de proporcionarle los Servicios en su totalidad o en parte en cualquier momento, con motivo o sin él, incluyendo, entre otros, si tenemos motivos razonables para pensar que: (i) usted ha infringido estos Términos o las Reglas de Twitter, (ii) usted crea riesgos o nos expone a nivel legal; (iii) su cuenta debe eliminarse por inactividad prolongada; o (iv) nuestra oferta de los Servicios para usted ya no es viable comercialmente. Realizaremos los esfuerzos razonables para notificarle a través de la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta o la próxima vez que intente acceder a dicha cuenta, dependiendo de las circunstancias.

Twitter
Fuente https://andro4all.com/
Si Twitter ha procedido a cerrar o suspender una cuenta, el usuario de dicha cuenta, después de haber agotado sin éxito las vías internas que le permiten dirigirse a dicha red social, tan solo podría acudir a los tribunales para intentar poder recuperar su perfil.

Si bien Internet y las redes sociales nos permiten interactuar con personas de otros continentes, no podemos olvidar que detrás del mundo virtual sigue existiendo la vida real, y que Twitter tiene su sede central en San Francisco, Estados Unidos. Si el afectado por el cierre de un perfil o cuenta pretendiese llegar a los tribunales para recuperarla, lo más probable es que se viese obligado a demandar ante los tribunales de San Francisco, por estar allí la sede central de Twitter.

A pesar de que dicha empresa tenga una sociedad filial, Twitter Spain SL. con sede en Madrid, dedicada al marketing y desarrollo de negocio, cuando empresas norteamericanas del mundo de Internet (véase Google) con filiales en nuestro país, han sido demandadas en España, en muchas ocasiones se ha acabado declarando que los tribunales españoles no tenían competencia para conocer los asuntos, dado que la empresa responsable (a la que se debía demandar) era la empresa matriz, la localizada en los Estados Unidos.

Publicado en http://www.trescuatrotres.es/ el 14 de abril de 2017.

jueves, 20 de abril de 2017

A vueltas con los avionetas “antilluvias”

En el mundo agrario desde hace algún tiempo se viene hablando de la posible existencia de avionetas que destruyen las nubes de lluvia mediante la utilización de productos químicos para impedir lluvias y granizo. El posible desarrollo de esta conducta ha llegado incluso a ser investigado por la Fiscalía en la provincia de Almería.

Aunque pueda parecer sorprendente, esta práctica se encuentra regulada por el Derecho Español. La modificación de la fase atmosférica, y, por tanto, del ciclo integral del agua, es una cuestión prevista por el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el cual indica que La fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice, si bien es el artículo 3 de Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el precepto que regula de forma más completa tal cuestión al indicar que toda actuación pública o privada tendente a modificar el régimen de lluvias deberá ser aprobada previamente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca, debiendo esta última entidad solicitar a su vez informe al Instituto Nacional de Meteorología. Con carácter específico, cuando la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico tenga por finalidad evitar precipitaciones en forma de granizo o pedrisco, la autorización se otorgará por el Organismo de cuenca (esto es, la Confederación Hidrográfica correspondiente) en lugar del Ministerio, por un plazo de doce meses, renovables por periodos idénticos.

Fuente: pixabay.com/

Sobre esta última posibilidad, la de modificar la fase atmosférica para evitar el granizo o pedrisco, existe incluso un precedente resuelto por el Tribunal Supremo, el objeto de la sentencia de 6 de mayo de 2002, que denegó la solicitud realizada por una sociedad agraria de transformación a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la puesta en funcionamiento de aparatos antigranizo en un municipio de la provincia de Albacete, por cuanto no había quedado demostrada ni la eficacia del sistema a utilizar, con las técnicas en aquel momento existentes, ni siquiera de forma categórica que no se producirían perjuicios o resultados no deseados.

Publicado en el número 1004 de marzo de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 175.

jueves, 6 de abril de 2017

Sancionado por regar fincas de secano: autorizaciones insuficientes

La Sentencia de 10 de noviembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia resuelve el recurso presentado por un agricultor contra la sanción adoptada por la Confederación Hidrográfica del Segura que le impuso 3.000 euros de multa por haber derivado aguas de la Comunidad de Regantes de la que formaba parte a una balsa de su propiedad situada en una finca de secano (con el fin de regar dicha finca) sin disponer de la preceptiva autorización administrativa para ello.

La Confederación citada consideró tal conducta constitutiva de la infracción leve recogida en el art. 116. 3 g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (“El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga”) en relación, entre otros, con el art. 59 de la misma ley (“Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa”). La Confederación valoró que “la parcela que la actora explota no forma parte del perímetro de riego del citado aprovechamiento, por lo tanto está utilizando agua en parcelas distintas a las que se les concedió el aprovechamiento, sin la previa autorización de la CHS”.

El agricultor recurrente alegó que su actuación había sido autorizada por la Confederación dado que ésta 15 años antes firmó un Convenio, con 6 organismos (entre los que se incluía su Comunidad de Regantes) y el Ayuntamiento donde se situaban dichos organismos, que permitía a las organizaciones embalsar agua durante varios meses al año para regar sus parcelas.

El Tribunal Superior de Justicia en su sentencia confirmó la sanción impuesta desestimando el recurso del agricultor al considerar que el hecho de que se suscribiera el convenio citado “no significa que la Confederación le concediera autorización (al agricultor sancionado) para regar una parcela de secano sita fuera del perímetro regable de cualquier heredamiento o aprovechamiento”, actuación para la que se hubiera necesitado concesión o autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Segura por exigirlo así el art. 52.1 del Texto Refundido referido (“El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa”).

Publicado en el número 1003 de febrero de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 91.

jueves, 23 de marzo de 2017

¿Otro caso de spam? "Un nativo de Tailandia"

La pasada semana recibí otro de esos correos electrónicos cada vez más habituales que realizan un ofrecimiento poco común. En este caso, un supuesto representante de un "nativo de Tailandia" me ofrecía que actuara como representante de dicho ciudadano tailandés para realizar inversiones en España dado que éste "tiene algo de dinero de sus ahorros de negocios que quiere invertir bajo una asociación extranjera calificada".


Pasamos a analizar las cuestiones del correo electrónico recibido que resultan sospechosas:
  1. La dirección del email remitente y la del destinatario es la misma.
  2. La forma de redactar el email no es demasiado clara: "Estoy representando un interés de inversión de Tailandia interesado en inversiones".
  3. La dirección de email del remitente pertenece a Airgas.com, una de las grandes empresas americanas de distribución de gas, que nada tiene que ver con la oferta de inversiones de ciudadanos tailandeses.
  4. La dirección que se facilita de contacto es diferente al email desde donde se remite la comunicación.
  5. Nunca he estado interesado ni me he informado sobre intermediación de inversores extranjeros, ni tailandeses ni de otra nacionalidad.
Este email que recibí bien podría conformar un caso de "spam" o correo electrónico no deseado. Sobre este aspecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de  05/11/2015 nos recuerda que la importancia de ese consentimiento expreso (del destinatario de un email) a recibir correo electrónico ya que de lo contrario, se produce lo que es hartamente conocido coma SPAM con las consiguientes sanciones que ello puede implicar en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) por la remisión masiva de correo electrónico no autorizado.