miércoles, 21 de noviembre de 2018

Compraventa de fruta no apta: cuestión de prueba



La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Sección de 19 de julio de 2018 ha resuelto la controversia existente ante la demanda instada por una empresa que adquirió a otra una partida de aproximadamente 150.000 kilos de mandarina, plantada en una finca propiedad de la vendedora en Almería, previo  anticipo del pago de 30.074,28 euros, al haber incumplido esta última las obligaciones a las que se comprometió, por presentar la fruta objeto del contrato una plaga de araña roja, que la hacía inhábil para su venta. La Audiencia Provincial ha conocido del recurso interpuesto por la empresa  vendedora contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona que había dado la  razón a la compradora ordenando la resolución del contrato por haber concluido que la fruta vendida  no era apta para su venta o explotación.


En nuestro Derecho se parte de una máxima que establece que aquella parte que alega o expone un hecho tiene el deber de acreditarlo o probarlo; así determina el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos  aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la  reconvención”.

La Audiencia Provincial, consideró adecuada la decisión adoptada por el referido Juzgado de Primera  Instancia al observar que “de los medios de prueba practicados en el presente procedimiento se constata de forma evidente que la fruta padecía de la plaga de araña roja” destacando que el  perito de la vendedora, empresa que debía defender que no existía plaga alguna en la fruta vendida,  indicó que había un 10 -12 % de la fruta se encontraba afecta por la citada plaga, si bien “si  hubiera comparecido con anterioridad al lugar de los hechos es probable que hubiera detectado un  mayor porcentaje de fruta afectada”. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial, al señalar que  carece “la fruta dañada de valor económico alguno, por no ser apta para la finalidad de venta y  exportación”, confirma la decisión adoptada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona,  desestimando el recurso interpuesto por la vendedora, “al entender incumplido por la parte demandada las obligaciones que asumió”.

Publicado en la Revista Agricultura de Editorial Agrícola en la página 29 de su número 1.021.

miércoles, 17 de octubre de 2018

Un caso de autoría desconocida en infracción de Derecho de Aguas



La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso) de 5 de junio de 2018 abordó el recurso contencioso interpuesto por una Comunidad de Regantes contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura que le imponía una sanción de 3.000 euros por haber realizado la fumigación de cañas con un producto peligroso para el medio ambiente, en zona de Dominio Público Hidráulico, sin la correspondiente autorización

Tal actuación se consideró por la Confederación citada constitutiva de una infracción leve por realizar una acción contaminante prohibida, la prevista en los arts. 97 (queda prohibida, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular…) y 116.3. g) (Se considerarán infracciones administrativas…El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga) del Texto Refundido de la Ley de Aguas


La Comunidad de Regantes basó su recurso, entre otros fundamentos, en la falta de concreción de la sanción impuesta habida cuenta que no se identificó a las personas que manipulaban el tractor y que indicaron realizar la fumigación por cuenta de la Comunidad de Regantes, Corporación que supuestamente les habría mandado desarrollar tal actuación.

Partiendo de las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 y 19 de mayo de 1998 que  determinan que en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto es, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable, el Tribunal Superior de Justicia procedió a anular la sanción impuesta, ya que, al no haberse identificado a las personas que realizaban la fumigacióncon los datos que obran en el expediente administrativo, no existen pruebas suficientes de la autoría de los hechos por parte de la Comunidad de Regantes, ni puede estimarse que, en cualquier caso, la recurrente sería responsable de los mismo por culpa in vigilando (adicionalmente se rechaza sancionar a la Comunidad de Regantes por haber incumplido el especial deber de vigilancia que podría presentar sobre las actuaciones desarrolladas en su perímetro de riego).

Publicado en "Revista Agricultura" de Editorial Agrícola, numero 1020, septiembre 2018, pg. 17.

lunes, 1 de octubre de 2018

CASO DAVID DE GEA – U1ST SPORTS: REPRESENTACIÓN EN EXCLUSIVA



"Los contratos están para cumplirlos“. Esa es una las frases que más se escucha cada verano cuando empieza el baile de fichajes de jugadores con contrato en vigor.

En relación con el cumplimiento de los contratos, en esta entrada os vamos a exponer desde el punto de vista jurídico la decisión adoptada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 05/02/2018 que resolvió la reclamación interpuesta por la agencia de representación deportiva U1st Sports contra David De Gea, portero del Manchester United FC, por la que le reclamaban al cancerbero toledano una indemnización de 1.724.053,50 euros por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato por el traspaso del jugador al equipo inglés, al amparo de lo previsto por el art. 1101 del Código Civil ("Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas").

U1st Sports alegó que, habiéndose obligado De Gea con el contrato firmado con tal agencia a que fuera ésta quien asumiera su representación en exclusiva, el guardameta negoció directamente, al margen de sus representantes, su fichaje por Manchester United FC, estando vigente el contrato de representación. U1st Sports demandaba una indemnización de 1.724.053,50 euros, en virtud de la cláusula quinta del referido contrato que establecía que dicha agencia recibiría como contraprestación una suma equivalente al 10% del importe bruto de los contratos deportivos que el juzgador suscribiera durante la vigencia del contrato.

De Gea
Fuente: www.lavozdeasturias.es
La reclamación de la agencia de representación, en primer lugar, fue resuelta por el Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Madrid quien fijó la indemnización a abonar en 1.124.981, 95 euros, decisión que fue revisada por la Audiencia Provincial de Madrid, órgano el cual rebajó la indemnización a 162.666,50 euros, habiéndose a su vez recurrido la decisión de la referida Audiencia ante el Tribunal Supremo, el cual, en la aludida sentencia de 05/02/2018 ha resuelto de manera definitiva la controversia.

El Tribunal Supremo, ante el recurso planteado por U1st Sports en el que requería que la indemnización se cifrara en 1.724.053,50 euros (y no en los 162.666,50 euros que fijó la Audiencia Provincial de Madrid), determinó que la cifra fijada por la referida Audiencia resultaba ajustada dado que no tenía elementos de juicio para revisarla, refiriendo que los razonamientos de la Audiencia "no contravienen la lógica ni el derecho", resultando la indemnización concedida por el Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Madrid (fijada en 1.124.981, 95 euros), "desproporcionada «tanto desde el punto de vista del incumplimiento, como desde el punto de vista de los perjuicios efectivamente sufridos por la mercantil apelada".

En este sentido el Tribunal Supremo destaca que no cabía que U1st Sports solicitara como indemnización por los daños y perjuicios causados la remuneración pactada por la cláusula quinta del contrato (10% del importe bruto de los contratos deportivos que el juzgador suscribiera durante la vigencia del contrato) dado que no se estableció en el contrato firmado previsión alguna que fijara una indemnización por tal importe.

Publicado en trescuatrotres.es el 27 de septiembre de 2018.

lunes, 27 de agosto de 2018

Presunción de inocencia en Derecho de Aguas



La Sentencia de 15 de marzo de 2018 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia  ha resuelto el recurso interpuesto por un sujeto que fue sancionado por la Confederación Hidrográfica del Segura  (CHS) contra una multa de 3.000 € por haber realizado un vertido a una rambla sin la correspondiente autorización, conducta que la referida Confederación consideró constitutiva de la infracción leve prevista en el art.116.3, g) (El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga) en relación con el art. 97.a) (Queda prohibida, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular: a) Acumular…sustancias…que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno). En su recurso el sancionado alegó que la sanción impuesta no se ajustaba a Derecho dada la total ausencia probatoria de los hechos que se le imputan Y que en realidad la CHS no conoce el origen de los vertidos.


En este sentido el Tribunal Superior de Justicia analizando el supuesto declaró que ante las dudas y meras sospechas de la autoría del vertido en lo que respecta a los cítricos, se deberían haber extremado las pruebas, para averiguar el origen de los vertidos de cítricos.

En un procedimiento sancionador en materia de Derecho de Aguas, al igual que en el Derecho Penal, rige el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución conforme al cual incumbe a la autoridad que ejerce esa potestad, la carga probatoria y está absolutamente exonerado de ella, el que la sufre, que no viene obligado a probar su inocencia (Sentencias del Tribunal Constitucional 105/88 STC Pleno de 8 junio 1988 y 76/90 STC Pleno de 26 abril 1990). La Administración que pretenda sancionar a una persona o sociedad por haber cometido una infracción en Derecho de Aguas, debe probar que se ha cometido la infracción, presumiéndose la inocencia del supuesto infractor. En este caso, el Tribunal resolvió anular la sanción impuesta ya que no son suficientes las meras sospechas para imponer una sanción, por lo al ser un procedimiento sancionador debe primar la presunción de inocencia del art. 24 de la CE.

Publicado en el número 1019 de julio-agosto de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 30.

jueves, 26 de julio de 2018

Comunidad de Regantes: gastos generales, ordinarios y desvío presupuestario

El pasado 22/2/2018 la Dirección General de Tributos emitió la Consulta Tributaria Vinculante V0498/18, en la que se contestaba a la consulta realizada por el miembro de una Comunidad de Regantes ante el requerimiento de pago realizado por la Comunidad para cubrir el presupuesto de la misma referido a gastos generales, ordinarios y desvío presupuestario. En esta consulta se planteaban, entre otras cuestiones, cuál era la naturaleza jurídica de tales conceptos y los recursos que resultaban procedentes ante la exigencia de tales créditos.

En este sentido, la Dirección General de Tributos rechaza la consideración de tales conceptos (gastos generales, ordinarios y desvío presupuestario) como tasas, descartando así su naturaleza tributaria, si bien reconoce la posibilidad a las Comunidades de Regantes de reclamar su abono mediante la vía de apremio en aplicación del art. 83 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

El procedimiento de apremio se define como aquel procedimiento administrativo que sigue la Administración “para recaudar el importe de los tributos no satisfechos durante el periodo voluntario de pago” (DEL ARCO TORRES, M. A., Y DEL ARCO BLANCO, A. I. (coord.), “Diccionario Jurídico Básico”, 7ª ed., Comares, Granada, 2009, pg. 49).

Una vez vencido el periodo voluntario de pago sin el abono de la cuantía reclamada, el procedimiento de apremio se inicia mediante providencia al obligado al pago en la que se le identifica la deuda pendiente, se liquida el recargo del periodo ejecutivo y se le requiere para que efectúe el pago en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la LGT, advirtiéndole de que, en caso de no realizar el ingreso de toda la deuda pendiente (incluido el recargo de apremio), se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.

Más allá de exponer la posibilidad que tiene la Comunidad de Regantes de acudir a la vía de apremio, uno de los aspectos más relevantes de la consulta es la declaración de que “los actos dictados por las Comunidades de Regantes no pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa” (al rechazarse que exista “precepto legal expreso que establezca que los actos de las Comunidades de Regantes, en cuanto Administración Corporativa, sean objeto de reclamación económico-administrativa”), lo que provoca que tales actos deban ser objeto de recurso de alzada ante la Confederación Hidrográfica correspondiente.

Publicado en el número 1018 de junio de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 24

martes, 3 de julio de 2018

Agricultor profesional o particular. Defectos en la compraventa



En este artículo nos centraremos en exponer el régimen legal que afecta al agricultor que como persona física particular (no como sociedad o profesional) adquiere productos (vehículos, maquinaria u otros elementos) para aplicar en su cultivo. La clave de la regulación se centra en la actuación del agricultor como consumidor, esto es, como particular, diferenciada del ejercicio profesional o empresarial.

El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incluye en su artículo 3 el concepto consumidor a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. En el supuesto de que el agricultor pueda incluirse en este concepto de consumidor ofrecido por el artículo 3, se aplicará el régimen de conformidad recogido en los artículos 114 y siguientes del Texto Refundido anteriormente citado, viniendo el vendedor obligado a responder de los defectos que presente el producto en el momento de la entrega y que se manifiesten en el plazo de dos años desde tal entrega. En el supuesto de que se dé un doble uso al producto (profesional y particular) dependerá la calificación del comprador del uso preponderante del bien: se considerará consumidor al comprador en caso de que el destino principal sea el particular y el profesional o comercial, residual (Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 15 de febrero de 2018).


En caso de que el agricultor no pueda considerarse consumidor por actuar con un propósito propio de actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, el vendedor responderá de los defectos que se manifiesten en los 6 meses posteriores a la entrega del producto (art. 1486 del Código Civil).

Si se comparan ambos regímenes legales se puede observar como el vendedor que entrega un bien al agricultor no profesional (consumidor) responde de los defectos que se manifiesten en el plazo de 2 años a contar desde la entrega del producto, mientras que en caso de adquirir el bien el agricultor en el ámbito de su actividad comercial o empresarial, dicho plazo se limita a los 6 meses. Tal régimen tan favorable para el particular no profesional pretende compensar la posición de inferioridad en la que se encuentra ante el vendedor profesional que con carácter general impondrá las condiciones de venta.

Publicado en el número 1017 de abril de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 84

jueves, 14 de junio de 2018

Crisis económica en la Comunidad de Regantes: ¿concurso de acreedores?

En muchas ocasiones las Comunidades de Regantes se ven en serias dificultades para hacer frente a sus deudas dados las elevadas cantidades que deben hacer frente (especialmente relevantes son las cantidades correspondientes a las modernizaciones de regadíos); cuando se dan los impagos por una Comunidad de Regantes, empiezan a devengarse los intereses, cargas y penalizaciones que aumenta más todavía su deuda, habiéndose planteado la posibilidad de que una Comunidad de Regantes solicite el concurso de acreedores (equivalente a la antigua suspensión de pagos) ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas: la declaración en concurso de una empresa u organismo (procedimiento que persigue, de una parte, la satisfacción de sus acreedores y, de otra, la supervivencia del concursado, no su extinción) ofrece la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores para realizar una quita de la deuda y/o un aplazamiento del pago, de paralizar y aplazar los embargos, y de suspender el devengo de intereses.

El concurso de acreedores se encuentra regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la cual determina en su artículo 2 que la declaración de concurso procede en caso de insolvencia del deudor, concurriendo el estado de insolvencia en el momento en que un sujeto no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles

La particularidad en cuanto a la declaración de una Comunidad de Regantes en situación de concurso de acreedores se encuentra en que el artículo 1.3 de tal ley refiere que no podrán ser declaradas en concurso… los organismos públicos y demás entes de derecho público.

Las previsiones del art. 1.3 habían dado lugar a que muchos autores negarán que una Comunidad de Regantes pudiera ser declarada en concurso dada su condición de Corporación de Derecho Público si bien, recientemente, se ha dado una resolución relevante al respecto: el Juzgado de Lo Mercantil Nº 1 de Murcia, en Auto de 13/03/2018, ha declarado en concurso de acreedores a una Comunidad de Regantes ubicada en la Región de Murcia al considerar acreditado su estado de insolvencia. Si bien, una sola resolución no sienta jurisprudencia, esto es, no vincula al resto de juzgados y tribunales, si puede servir de precedente para otra Comunidad de Regantes que pretenda recurrir a la declaración en concurso de acreedores para la gestión de su situación de crisis económica.

Publicado en el número 1016 de abril de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 44