viernes, 6 de abril de 2018

Recurriendo una sanción deportiva (modelo)

Con motivo de una consulta que me han realizado con respecto a la imposición de una sanción a un equipo de fútbol de categoría juvenil, tuve la oportunidad de comprobar que en el mundo de internet no existe mucha información sobre cómo realizar un recurso o alegaciones ante el órgano correspondiente cuando concurre esta situación.

En esta entrada vamos a facilitar un modelo de recurso o alegaciones (el modelo abarca la letra en cursiva) que incluye algunos fundamentos jurídicos que pudieran ser de aplicación al supuesto concreto del que se trate (dependiendo de la Federación y del nivel del proceso en el que nos encontremos, puede variar el órgano al que se dirija el escrito –Juez Único de Competición, Comité de Apelación;  aquí el escrito irá dirigido al Comité de Apelación).

AL COMITÉ DE APELACIÓN DE LA FEDERACIÓN […] DE FÚTBOL

DON […], con DNI Nº […], en nombre y representación del club […], con CIF Nº […] y domicilio sito en […], actuando en mi condición de Presidente del referido club, ante el COMITÉ DE APELACIÓN DE LA FEDERACIÓN […] DE FÚTBOL, comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:

Juez de línea fútbol
Fuente: https://pixabay.com

Que, en tiempo y forma, mediante el presente escrito interpongo, RECURSO contra el Acuerdo del Comité de Competición de la referida Federación de fecha […], referente al partido que enfrentó a los clubs […] y […], de fecha […], categoría […], grupo […], por el que se sancionó a Don […], con la sanción consistente en […], con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Aquí debe realizarse en diferentes apartados (1, 2, 3…) una breve descripción de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta.

A los anteriores Antecedentes de Hecho son aplicables los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En este apartado deben exponerse los motivos por los que la sanción no debe imponerse. Debe discutirse la aplicación del artículo correspondiente en el que se apoye la sanción impugnada, pudiendo acompañarse (en su caso) las pruebas que se consideren necesarias para demostrarse los hechos en los que nos apoyamos. A continuación, se exponen determinados fundamentos jurídicos que pueden servir de apoyo a nuestro escrito:

La sanción impuesta no se encuentra motivada; la motivación es un requisito esencial para la validez de cualquier sanción, dado que así se explicitan los argumentos en que se apoya tal medida, lo que constituye una garantía básica para el afectado; en este sentido, la sanción que se ha impuesto no viene precedida de argumentación o fundamento alguno, careciendo, por tanto, de motivación, hecho que ha de dar lugar a la nulidad de la misma (por todas, la Resolución 80/2001 del Cómite Español de Disciplina Deportiva, Aranzadi RJD nº 5 RC 68).

Asimismo, se vulnera el principio de tipicidad dado que los hechos realizados por el sujeto sancionado no se recogen expresamente por la norma como constitutivos de infracción alguna a la que aplicar la sanción impuesta. En este sentido, nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan una infracción según la normativa vigente, infracción a la que aplicar una sanción expresamente prevista en la misma norma (Resolución de 24/09/2014 del Tribunal Administrativo del Deporte, Expediente núm. 72/2014). En este caso, debe procederse a anular la sanción impuesta dado que la conducta que se pretende sancionar no se encuadra en infracción alguna recogida en la norma aplicable y/o se pretende aplicar una sanción no prevista en tal normativa.

En virtud de todo cuanto queda expuesto,

SOLICITA, Que, teniendo por interpuesto el presente Recurso, lo admita, y en su día, dicte Resolución por la que, estimándose el presente recurso se anule la sanción impuesta revocando el acuerdo recurrido.

En […] a […] de […] de 2018.

Publicado en https://trescuatrotres.es/recurriendo-una-sancion-deportiva-modelo/ el 21 de marzo de 2018.

jueves, 8 de marzo de 2018

Apuntes jurídicos sobre el agua desalada para riego

En estos momentos de escasez de agua en el que insistentemente se alude a la posibilidad de acudir al agua desalada, es conveniente exponer el supuesto resuelto por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 14 de diciembre de 2017 que aborda una sanción por uso no autorizado de agua desalada. Debemos partir de varias consideraciones:

• Las aguas procedentes de la desalación son públicas al formar parte del dominio público hidráulico (art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).

• Para poder realizar un uso privativo de las aguas (como el riego) es necesaria la obtención previa del título administrativo habilitante (concesión en este caso). El artículo 52 de la referida Ley de Aguas dispone que “el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa”, y el artículo 59 del mismo texto legal establece que “todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa”.

• Se han creado diversas empresas estatales para la construcción, explotación y gestión de la plantas desalinizadoras. Estas empresas han suscrito convenios con agricultores para que les suministren agua desalada.

La sentencia objeto del presente comentario plantea si la firma de uno de los referidos convenios entre la empresa estatal y el agricultor habilita a este último para regar sus tierras con agua desalada, sin necesidad de contar con autorización o permiso alguno de la Confederación Hidrográfica correspondiente. En este sentido la referida sentencia resuelve de forma clara tal cuestión al negar que "la sociedad estatal pueda sustituir al Organismo de cuenca en la determinación de los particulares que ostentan esos derechos… la disponibilidad de agua procedente de la desalinización, el suministro de la misma por la sociedad que se ocupa de su gestión, o la suscripción de un convenio para su adquisición, no eximen al usuario (el agricultor) de la obligación de obtener la correspondiente concesión administrativa que le autorice el uso privativo del agua, que solo podrá otorgar el Organismo de cuenca con competencia en la materia..."

Publicado en el número 1014 de febrero de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 29

miércoles, 7 de febrero de 2018

El estado de necesidad en el Derecho de Aguas

En estos momentos en que la sequía azota a toda España, es conveniente traer a colación una figura, el estado de necesidad, que tiene origen en el Derecho Penal, y que resulta aplicable en el Derecho Administrativo Sancionador, rama jurídica en la que se incluyen las sanciones en Derecho de Aguas. El artículo 20 del Código Penal exime de responsabilidad criminal al que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber,  siempre que concurran los siguientes requisitos: 

  • Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; 
  • Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
  • Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

El estado de necesidad representa una causa de exculpación que podría plantearse aplicable cuando una persona, que no cuenta con la dotación necesaria para abastecer su cosecha proceda a regar tal plantación para evitar su pérdida o deterioro. Así ocurrió en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo de 2017, en la que se sancionó a un agricultor por extraer agua sin autorización de un pozo en la cuenca del Guadiana. El agricultor sancionado invocó el estado de necesidad imperiosa, por concurrir los requisitos exigidos en el artículo 20.5º del Código Penal, al precisarse de agua en una plantación de viña en espaldera de regadío, cuya falta no solo determinaría la pérdida de la cosecha sino también de la plantación, y hasta de la propia empresa, y de más de mil jornales anuales de braceros.

El Tribunal Superior de Madrid negó la concurrencia de esa causa de exoneración de responsabilidad considerando que el estado de necesidad es la “última ratio”, para solucionar o paliar un conflicto grave y acuciante que, por sus características e inminencia, no permita dilaciones o aplazamientos, por lo que, para que el estado de necesidad pueda apreciarse, es preciso que previamente se hayan agotado todos los recursos o remedios existentes para solucionar ese conflicto. En este supuesto, no se agotaron todos los recursos al alcance del agricultor sancionado para utilizar el agua del pozo litigioso sin concesión ni autorización administrativas, de donde se sigue que no proceda estimar el presente recurso contencioso administrativo.

Publicado en el número 1012 de diciembre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 923.

miércoles, 3 de enero de 2018

La venta a pérdida, prohibida por los tribunales europeos

La Sentencia de 19 de octubre adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “el TJUE”), va a suponer una revolución en el sector agroalimentario, dado que resuelve si el contenido del artículo 14 de la Ley 7/1996 de Ordenación de Comercio Minorista (en adelante, “la LOCM”), que prohíbe con carácter general la venta a pérdida  con 3 excepciones (i. cuando quien las realice busque alcanzar los precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar a sus ventas ii. cuando se trate de productos cerca de su caducidad y iii. en caso de ventas en liquidación) resulta compatible con la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, sobre las prácticas comerciales desleales, la cual en su Anexo I, en el que se enumeran las conductas contempladas como desleales, no incluye a la venta a pérdida como una práctica desleal.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su origen en una cuestión prejudicial que planteó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia que debía resolver un recurso presentado por una empresa mayorista (vendedora de productos domésticos y de alimentación a supermercados y tiendas de barrio) que había sido sancionada por la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con una multa de 3.001 euros por haber incumplido la prohibición resultante del artículo 14 de la LOCM, al haber vendido con pérdida determinados productos de los que comercializaba. A través de dicha cuestión prejudicial se vino a plantear al TJUE si dicho art. 14 de la ley española que prohíbe la venta a pérdida resulta contrario a la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, sobre las prácticas comerciales desleales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando respuesta a la cuestión prejudicial planteada, reconoció que la prohibición general de venta a pérdida determinada por el artículo 14 de la LOCM es contraria a la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, sobre las prácticas comerciales desleales, dado que dicha Directiva prohíbe a los Estados miembros adoptar medidas más restrictivas que las definidas en la referida Directiva; en este caso, la Directiva no prohíbe la venta a pérdida y el artículo 14 de la LOCM adopta tal prohibición, por lo que la LOCM está adoptando una medida más severa que las previstas en la Directiva, actuación no permitida por esta última norma.

Publicado en el número 1011 de noviembre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 835.

martes, 26 de diciembre de 2017

¡¡¡Detengan a ese Rey Mago!!!

En estos tiempos navideños, no encuentro mejor tema para un comentario que el asunto resuelto por la sentencia de 26 de junio de 2010 del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Huelva.

Esta resolución conoció de una denuncia formulada por los siguientes hechos: en la cabalgata de Reyes de 2010, el Rey Mago Baltasar o, más probablemente, otra persona que se hacía pasar por él, arrojó los caramelos con un excesivo "ímpetu", por emplear términos de la propia denunciante, con tan mala suerte que uno de los contundentes dulces golpeó en el ojo al denunciante, causándole una contusión ocular.

Esta denuncia se archivó porque no eran los hechos denunciados constitutivos de infracción penal, sin perjuicio de las responsabilidades que fueren exigibles en otra jurisdicción, apoyándose para ello el juez en un precedente idéntico que también acabó con el archivo de la denuncia efectuada: En este sentido, y en un supuesto idéntico al que nos ocupa, puede invocarse el auto de 2 de junio de 2009 dictado por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que confirma el previo sobreseimiento acordado por el Juzgado de Instrucción.


La razón dada para desestimar que los hechos denunciados pudieran constituir una falta o delito penal radica en que quien asiste a determinados acontecimientos populares, asume los riesgos que puedan suscitarse en dichas celebraciones, aceptándolos. Afirma el juez que alguien que participa en un partido de fútbol, asume el riesgo de que otro jugador, accidentalmente, le lesione o que el corredor que toma parte en los encierros de las Fiestas de San Fermín en Pamplona, acepta que el toro pueda alcanzarle; en este caso particular, parece razonar el juez que quien asiste como espectador a una Cabalgata de Reyes consiente los riesgos, mayores o menores, que esa participación conlleva, aceptando implícitamente que un caramelo le pueda impactar dado que No es concebible, por lo menos para este instructor, una Cabalgata de los Reyes Magos sin que en la misma se arrojen caramelos a los espectadores desde cada una de las carrozas, del mismo modo que no puede concebirse una fiesta de carnaval sin disfraces. Podríamos decir que va de suyo

Descartando que los hechos tengan naturaleza penal, se señala que bien podría el denunciante acudir a la vía administrativa para ser resarcido de los daños ocasionados: siendo indiscutible el derecho de la denunciante a ser resarcida por sus lesiones, si efectivamente las sufrió y si concurren todos los requisitos legales, el ámbito propio para ello no será, en ningún caso, el del Derecho Penal, pues claramente nos encontraríamos ante un tema estricto de responsabilidad patrimonial de la administración, que es la que organiza la cabalgata y provee de caramelos y demás material tanto a SSMM los Reyes de Oriente como a los demás partícipes del desfile.

Los razonamientos expuestos hasta ahora forman parte de lo que podríamos considerar como fundamentos de derecho típicos de una sentencia; sin embargo, pasamos a exponer otras manifestaciones que se pueden considerar cuanto menos originales.

- El juez se plantea si estaría obligado a formular su abstención, ante la posible concurrencia de las causas de abstención previstas en los ordinales 9º (Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes) y 10º (Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa) del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia indica que reconoce el instructor que el Rey Mago Baltasar, con el concurso de los Reyes Melchor y Gaspar, le han venido ofreciendo anhelados presentes cada día 6 de enero desde que tiene uso de razón. No obstante poner de manifiesto lo anterior, el instructor considera oportuno no formular la abstención, dejando libertad a la parte para que, si lo estima oportuno, pueda recusar; y ello por considerar que, tal vez, la persona denunciada no sea en realidad el propio Rey Mago Baltasar, sino otra.

- Se pone igualmente en duda si se podría juzgar al denunciado por los tribunales españoles, dado que Habría entonces de determinarse la nacionalidad de Su Majestad, pues siendo notorio que procede de Oriente, hace más de dos mil años que no se resuelve la polémica en torno a su verdadero país de origen. De este modo, sólo conociendo su nacionalidad, aplicando las reglas de Derecho Internacional Público, podría dilucidarse a qué jurisdicción y a qué órgano judicial, dentro de la misma, correspondería instruir.

lunes, 11 de diciembre de 2017

El derecho de rectificación (o replica) a propósito del balompié

Periódicos, revistas, programas de radio o televisión…son numerosos los canales por los que se puede publicar información u opiniones sobre una persona o institución; a los tradicionales medios (prensa, radio y televisión) se han unido hoy las páginas web, blogs y demás canales de difusión que ofrece internet. Cuando una persona ha sido nombrada en una noticia y no está de acuerdo con el contenido de la misma, el afectado, en la mayoría de los casos, desconoce que la legislación española le ofrece una herramienta para dar contestación a tal noticia en el mismo medio a través del denominado derecho de rectificación que se recoge en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo.

En el mundo del balompié, han surgido situaciones como las referidas en las que el afectado por una noticia ha ejercido tal facultad que el artículo 1 de tal norma describe como el derecho que asiste a toda persona, natural o jurídica… a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Sin ir más lejos, el Real Madrid Club de Fútbol y Raúl González Blanco, con relación a un artículo publicado en el Diario ABC de 21 de septiembre de 2010, bajo el titulo Raúl cobró 14 millones por irse, procedieron a ejercer tal derecho en el citado medio de comunicación desmintiendo tal información.

Rectificación

La referida Ley Orgánica 2/1984 obliga a que la rectificación se realice por el medio de comunicación en cuestión en los términos requeridos por el afectado y de acuerdo con los requerimientos de tal norma, dado que, tal y como establece su artículo 4,  en caso de que no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicacion social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en tal ley, podrá el perjudicado solicitar judicialmente que se proceda a publicar tal rectificación. Así ocurrió con el Cádiz Club de Fútbol S.A.D., el cual, por no cumplir debidamente con un requerimiento de rectificación,  se vio obligado por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Cádiz, de fecha 16-06-08, a publicar una rectificación en la que se daba replica a un comunicado oficial del referido club.

Dos últimas circunstancias a añadir sobre este particular derecho de réplica:

1) El derecho de rectificación se ejercita sin entrar a valorar si la información publicada y la rectificación es cierta o no.
2) Este derecho asimismo se ha llegado a ejercitar para dar replica a publicaciones realizadas en medios digitales y redes sociales.

Fuentes:

1) “Rectificación: Raúl desmiente que cobrase 14 millones por su finiquito“. Diario ABC. 30/09/2010.
2) “Nota de Rectificación del Cádiz CF” Cadizcf.com. 15/07/2008.

Publicado el 8 de diciembre de 2017 en trescuatrotres.es

jueves, 16 de noviembre de 2017

Errores de localización en sanciones por extracción de aguas

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de fecha 6 de julio de 2017 ha anulado la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura a una sociedad mercantil dedicada a la agricultura por la que se le castigaba con una multa de 5000,00 euros y obligada igualmente al pago de 1.319,70 € en concepto de daños al dominio público hidráulico, prohibiéndose asimismo la explotación del sondeo declarado ilegal.

La Confederación consideró que en los terrenos de la citada mercantil existían dos pozos, uno que se encontraba autorizado y otro que resultaba ilegal, calificando la explotación de este último pozo como constitutiva de la infracción una infracción tipificada en el art. 116.3 a ) y b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación con el art. 315 a ) y m) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, consistente en haber realizado la explotación de un sondeo sin disponer de autorización administrativa para ello.


La sociedad sancionada decidió recurrir ante el tribunal citado alegando que en su propiedad tan solo existía un único pozo el cual se encontraba autorizado. El tribunal estimó el recurso presentado por la sociedad, al interpretar acreditado que en la parcela y polígono al que venimos haciendo referencia solo existe un sondeo habida cuenta i) que existe documentación suficiente en las actuaciones para concluir que son ciertos tales hechos, ii) que no se ha acreditado por la CHS que exista en dicha parcela otro pozo que el indicado, iii) que la propia CHS asigna coordenadas diferentes al mismo pozo en sus documentos. Por lo que es evidente la carencia del mínimo rigor necesario para identificar la localización del pozo por parte de la CHS, circunstancias que provocan que deba anularse la sanción impuesta por aplicación del principio de presunción de inocencia previsto en el art. 24.2 de la Constitución (este principio conlleva que corresponda a la Administración la carga de probar la certeza de los hechos imputados, sin que en ningún caso esté obligado el inculpado o expedientado a probar su propia inocencia por la presunción constitucional); en este sentido, el tribunal llegó a la conclusión de que no existen pruebas suficientes de la explotación sin autorización que se imputa a la mercantil recurrente para enervar la presunción de inocencia, revocando la sanción impuesta condenando asimismo a la Confederación a sufragar los gastos del juicio causados a la sociedad.

Publicado en el número 1010 de octubre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 736.