domingo, 22 de octubre de 2017

Smart Water. Visión jurídica

Iagua ha lanzado un concurso de Blogs abierto a todos aquellos que deseen participar realizando una publicación relacionada con el “Smart Water”. En este texto, el cual se advierte de antemano que no resulta especialmente extenso, se van a realizar dos apreciaciones sobre tal concepto desde el punto de vista jurídico, perspectiva que nunca debe dejarse de lado cuando se está tratando la administración de recursos hídricos.

La primera cuestión a tratar pasa por determinar qué es exactamente el “Smart Water”; puede tratarse de una palabra familiar para determinada gente, si bien representa un concepto que, en mi opinión, no es tan fácil de definir. “Smart Water” se describe como las soluciones de gestión inteligente del agua [1] ; más extensamente, se indica que una utilidad de “Smart Water” garantiza un proceso de toma de decisiones sistemático e inteligente a todos los niveles, basado en sensores de calidad y cantidad de agua "online", teniendo en cuenta el ciclo completo del agua desde la toma de agua hasta las aguas residuales, con el fin de asegurar una calidad y cantidad de agua adecuada con un consumo mínimo de energía y materiales [2].

El concepto “Smart Water” se relaciona directamente con uno de los principios fundamentales del Derecho de Aguas español, como es la prohibición del abuso del derecho en la utilización de las aguas y la obligación de no llevar a cabo conductas que supongan el desperdicio o mal uso de este recurso. Así se determina en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas cuando en su artículo 50.4 se indica que la Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare y en el 54.1 que el propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley…y de la prohibición del abuso del derecho.

En este sentido Pérez Pérez, E. [3], apunta a la prohibición del abuso del derecho en la utilización de las aguas como uno de los principios rectores del Derecho español de la gestión en materia de aguas, habiendo indicado la Sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía de 24 de julio de 2014 Nº 749/2014, Sección 3 ª, Nº Recurso 553/2013, la cual deniega la inscripción de un aprovechamiento en el Registro de Aguas solicitada por el recurrente aludiendo, que el derecho que pretende la actora ha de ser reconocido en el marco de un recurso público escaso -como es el agua- y dentro de unos límites que excluyan el abuso de derecho; en parecido sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía de 2 de diciembre de 2000  Nº 1832/2000, Sección 3 ª, Nº Recurso 2182/1997, destaca que es el agua elemento vital y escaso (máxime en España) que exige una utilización racional.

El uso sostenible de los recursos hídricos guarda asimismo relación con el carácter público de las aguas y los principios que rigen la actuación de las Administraciones Públicas en nuestro país. El actualmente vigente Real Decreto Legislativo 1/2001 refundió y adaptó las normas existentes hasta el momento en materia de aguas, entre las que se incluía la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. La Ley 29/1985 llevo a cabo un cambio radical en la legislación de aguas hasta entonces aplicable dado que declaró el carácter público de las aguas a través de su artículo 1.2 (sin perjuicio de los derechos adquiridos conforme a la normativa anterior a dicha Ley 29/1985). Tal artículo 1.2. determinó que Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Ilustrativamente se denominó a esta novedad legislativa como la “Nacionalización” de los recursos hídricos [4], habiendo mantenido el Real Decreto Legislativo 1/2001 la configuración de las aguas subterráneas y superficiales dada por la Ley 29/1985 como un bien público.

Esta caracterización de las aguas como recurso público permite traer a colación a su vez la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cual, en diferentes preceptos, alude a la eficacia y eficiencia como principios de actuación de las Administraciones Públicas; así por ejemplo, el art. 129 determina, en su apartado 1, que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, y, en su apartado 6, que En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Una actuación con la que se podría promover la mejora del “Smart Water” y, con ello, el uso responsable de los recursos hídricos que propugna el Texto Refundido de la Ley de Aguas e, indirectamente, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sería mediante la consideración (como elemento a tener en cuenta en la contratación pública relativa a las aguas) de aquellas ofertas que se hayan podido presentar en una licitación o concurso público que fomenten el “Smart Water”, esto es, que promuevan la calidad y cantidad de agua adecuada con un consumo mínimo de energía y materiales a la que antes hacíamos referencia. Dando preferencia en la contratación pública a aquellos profesionales o empresas que estimulen el “Smart Water”, esto es, la gestión inteligente del agua, se estará contribuyendo a un uso más sostenible, racional y responsable de los recursos hídricos.

* Imagen obtenida de https://pixabay.com/es/presa-hoover-nevada-hoover-presa-2107964/

[1] Ladislao Aceituno Lopez, L., Smart Water: Abastecimiento, Depuración y Distribución Inteligente, 2015, <https://iot.telefonica.com/blog/smart-water-abastecimiento-depuracion-y-distribucion-inteligente-1>, consultado a 1 septiembre, 2017.
[2] Traducción propia realizada del concepto facilitado por Pernille Ingildsen, P., y Olsson, G., Castilla Barea, M., Smart Water Utilities: Complexity Made Simple, 1ª ed., IWA Publishing, Londres, 2016, pg. 29, <https://books.google.es/books?id=4KvQDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>, consultado a 1 septiembre, 2017.
[3] «Breve exposición de la Ley de Aguas de 1985», en Derecho de aguas, 1ª ed., Murcia, Instituto Euromediterráneo del Agua, 2006, pgs. 63 a 65.
[4] Pérez Martín, A.: «Recursos Hídricos y Registro de la Propiedad», en Anales de la Academia Sevillana del Notariado, 2009, VLEX-212962517.

Artículo publicado en Iagua.es el 11 de septiembre de 2017.

miércoles, 11 de octubre de 2017

Coloquio de jóvenes sobre el futuro laboral-profesional

A finales del pasado mes de julio tuve la oportunidad de participar en un coloquio de la Radio Municipal de San Javier, Murcia, junto con otros 3 jóvenes en el que pudimos debatir sobre el futuro laboral y/o profesional ante el que se enfrentan los jóvenes, aportando las experiencias personales de los intervinientes.


Diferentes perfiles (desde una joven que va a pasar a incorporarse a la carrera de Medicina, pasando por un músico formado en el extranjero o por quien ha tomado el relevo generacional en un negocio familiar tras formarse en el extranjero) pusieron de manifiesto diversas ideas [como la conveniencia de una estabilidad en la legislación educativa (evitando cambios en el sistema educativo cada legislatura), la necesidad de la iniciativa privada como alternativa al empleo público o el beneficio de salir al extranjero como parte del aprendizaje personal y/o profesional] que parecen representar el sentir más o menos común de los jóvenes que se enfrentan al mundo laboral y/o profesional.


domingo, 24 de septiembre de 2017

Derecho y fútbol: Cesión con obligación de compra, ¿fraude?


En el Derecho existe un principio que se resume en la frase siguiente: las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2010 describe esta expresión de la siguiente forma: el juez debe resolver los asuntos que se sometan a su consideración de acuerdo con la calificación que deba atribuirse a los actos y negocios jurídicos realizados por las partes y no necesariamente de acuerdo con la naturaleza que las partes les imputan, porque las cosas son lo que son y no lo que las partes les atribuyen.

Tal circunstancia pudiera ser aplicable en el mundo del balompié. Actualmente existen muchas limitaciones a la hora de “comprar” jugadores. El Fair Play financiero de la FIFA y el Control Económico de la LFP, imponen determinados límites a la hora de fichar jugadores en una determinada temporada. Ante esta limitación, los equipos han recurrido a la figura de la “cesión con obligación de compra”.

Tradicionalmente se nos presentaba de un lado, la “compra” de un jugador (por la que un equipo satisfacía a otro una cuantía por tener “en propiedad” a un jugador por un determinado tiempo) y, de otro, la “cesión” (por la que un jugador, cuyos derechos pertenecen a un club, era “cedido” a otro para que jugase durante un periodo, volviendo el jugador al fin de dicho periodo de “cesión” al club cedente).

A través de la “cesión con opción obligatoria de compra” un jugador pasa a prestar sus servicios para el club al que es cedido por un tiempo, sin embargo, al final de la cesión, no retorna el jugador al equipo cedente, dado que el equipo cedido adquiere la obligación de “compra”, esto es, de adquirir al jugador “en propiedad”.

Firma jugador
Fuente: https://pixabay.com
Veamos un ejemplo:

– Compra: Un club “adquiere” los derechos de un jugador “en propiedad” por 4 años satisfaciendo 1.000.000 de euros al equipo para el que prestaba sus servicios el jugador.

– Cesión con opción obligataria de compra: Un jugador es “cedido” a un club por un año por otro equipo, adquiriendo este último club la obligación de “compra” del jugador al final de ese año de cesión por 1.000.000 euros firmando al jugador por un periodo de 3 años.

¿No nos encontramos realmente ante la misma circunstancia dado que se “adquieren” en propiedad por un club los servicios de un jugador por un periodo de 4 años satisfaciendo un precio de 1.000.000 euros?

Aplicando el principio jurídico antes mencionado, bien podría decirse que los contratos son lo que son y no lo que los clubes dicen que son; las situaciones descritas bien podrían considerarse “compras” de jugadores  por mucho que los clubes quieran denominarlas “cesiones con opción obligatoria de compra u obligación de compra”.

Sin embargo, puede interesar recurrir a dicha figura de la “cesión con obligación de compra” dado que de esa forma se podrían salvar las limitaciones del Fair Play financiero de la FIFA y el Control Económico de la LFP: una compra de un jugador por 1.000.000 euros en la temporada 2017/2018 puede hacer a un club violar el Fair Play financiero; sin embargo, si ese equipo contrata a ese mismo jugador para la temporada 2017/2018 con una cesión con obligación de “comprarlo” por 1.000.000 euros la temporada siguiente, estaría retrasando el gasto de adquisición del jugador para la temporada 2017/2018 salvando los límites del Fair Play financiero.

Publicado en www.trescuatrotres.es/ el 6 de septiembre de 2017.

martes, 12 de septiembre de 2017

Consultorios juridicos sobre Derecho Agrícola y/o Agrario

En muchas ocasiones, cuando una persona puede tener la necesidad de informarse sobre alguna cuestión jurídica, ésta puede recurrir a consultorios jurídicos planteando su cuestión para tener una orientación sobre su duda.

En este sentido, os vamos a facilitar varios consultorios en que se han resuelto (y resuelven dudas) que se puede suscitar en el sector agrícola y/agrario (por ejemplo, sobre arrendamientos rústicos, cuestiones de Derecho de Aguas, herencias...):

Fuente: https://pixabay.com/es/martillo-libros-ley-tribunal-719066/
1. El primero de ellos, es el que se realiza a través del programa de radio Agropopular de la Cadena Cope. En este enlace podéis acceder al consultorio jurídico el cual es atendido por el Grupo Acountax asesores y auditores. 

2. En el segundo de ellos la abogada Celia Miravallesdesde su blog y desde el programa de radio de Onda Cero Onda Agraria responde a las preguntas realizadas sobre cuestiones agrarias.

Quizás estos consultorios no sean los únicos, pero son los que más actualizados suelen estar y bien pueden servir para encontrar una orientación para cualquier agricultor o persona relacionada con el mundo agrario en su día a día (si bien la respuesta que se pueda recibir no puede sustituir el asesoramiento particular y concreto que un abogado proporciona).

jueves, 10 de agosto de 2017

Un caso cualquiera de condena por comercio no autorizado de variedades vegetales

El Juzgado de lo Penal Nº 5 de Almería, en sentencia de 22 de marzo de 2017, condenó a dos empresarios de la localidad de Níjar, dedicados a la distribución de productos agrícolas, por la comisión del delito previsto entonces en el artículo 274.3 del Código Penal (hoy se recoge tal delito en las previsiones del art. 274.4 de tal norma) que castigaba con penas de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 12 a 24 meses a “quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales”.

La Guardia Civil, tras realizar diversas inspecciones en los invernaderos de las empresas que administraban los condenados (sociedades dedicadas según su objeto social a la “comercialización y venta de productos agrarios”), formuló denuncia contra éstos al haber encontrado en dichas instalaciones plantones de tomate acondicionados (o a acondicionar) para la siembra de variedades registradas con el título legal de obtención vegetal protegida.

Los condenados no contaban con autorización alguna para el comercio de tales variedades registradas siendo conscientes de que se encontraban protegidas por el título legal de obtención vegetal.

Partiendo de una solicitud inicial por parte del Ministerio Fiscal de condena a los acusados a 6 meses de prisión, finalmente se alcanzó una sentencia de conformidad (mediante acuerdo de las partes) por la que se condenaba a los dos acusados a una pena de prisión de 3 meses y una multa de 960 euros, si bien la pena de prisión fue sustituida por otra multa del mismo importe, evitando así en ingreso de los empresarios en prisión.

Publicado en el número 1008 de julio-agosto de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 551.

viernes, 21 de julio de 2017

Justicia: dando ejemplo desde arriba

Últimamente he podido percibir cómo están aumentando las críticas desde esferas públicas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, en general, a todos los cuerpos relacionados con la Administración de Justicia.

Ya en 2013 la entonces número 2 del Partido Socialista, Elena Valenciano, ponía en cuestión el trabajo de la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE de Andalucía; la Señora Valenciano, tras la imputación de la exministra Magdalena Álvarez en el Caso de los ERE, señalaba como bastante chocante...de qué manera tan precisa la juez Alaya coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del PSOE andaluz. Hubo autos durante las elecciones autonómicas y ahora, cuando se estaba produciendo un inicio de relevo al frente de la Junta

Más recientemente (en mayo de este año) la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, calificaba los informes de la UCO (Unidad Central Operativa), órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, elaborados en el Caso Púnica como juicios de valor sin fundamento jurídico alguno.

Los Medios De Comunicación, Micrófono, Hungría
Imagen obtenida de https://pixabay.com/

Viene a mi cabeza sobre esta cuestión aquel refrán al que un familiar cercano solía aludir con frecuencia: “Consejos vendo que para mí no tengo”. Si las instituciones o agentes involucrados en la Administración de Justicia cuestionan públicamente el trabajo de policía, Guardia Civil, jueces o fiscales, de difícil manera el ciudadano va a respetar el trabajo de estos profesionales.

Bajo mi punto de vista, resulta una premisa básica el que desde las instituciones públicas se dé ejemplo no poniendo en duda públicamente la imparcialidad u objetividad del trabajo de policía, jueces o fiscales. El derecho de un cargo público o con relevancia social  a su defensa y a la tutela efectiva de los jueces y tribunales previsto por el art. 24 de la Constitución Española debe ejercerse en los tribunales, evitando declaraciones públicas como las referidas; difícilmente podrá requerirse al ciudadano de a pie que acate lo indicado por un magistrado o un Guardia Civil si desde las instituciones públicas se pone en duda su trabajo.

Publicado en Murciaeconomia.com el 19 de julio de 2017. 

martes, 4 de julio de 2017

Breves notas sobre el Decreto-Ley de medidas urgentes contra la sequía

El pasado 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Esta norma establece determinadas medidas para poner remedio a la situación de sequía existente en las cuencas hidrográficas más afectadas por la falta de lluvias, descartándose la opción de realizar trasvases entre cuencas.

Se ha optado por aprobar dichas medidas (obviándose el trámite ordinario para la aprobación de una ley), a través de la figura del Real Decreto, mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución por el que se habilita en caso de extraordinaria y urgente necesidad al Gobierno para adoptar disposiciones legislativas provisionales a ser inmediatamente sometidas a debate y votación por el Congreso de los Diputados, justificándose en este caso la decisión de legislar a través de un Real Decreto por la necesidad de “adoptar un conjunto de medidas, con carácter urgente, destinadas a paliar los efectos de esta importante adversidad climática, en el marco de la necesaria cooperación con las comunidades autónomas afectadas”

En lo que respecta a la concesión y/o autorización para el aprovechamiento de aguas, la principal medida que se adopta por este Real Decreto-ley 10/2017 se contiene en su Disposición Adicional Segunda, la cual establece unas reglas excepcionales y temporales sobre la cesión de derechos al uso privativo de aguas a aplicar en las demarcaciones hidrográficas con declaración de sequía vigente:

1) Se posibilita hasta el 30 de septiembre de 2018 autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre concesionarios de la cuenca del Segura, en los que el volumen susceptible de cesión sea igual al volumen concedido al titular que cede su derecho, no siendo de aplicación la limitación establecida en el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

2) Con el mismo carácter y vigencia temporal podrán autorizarse contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre concesionarios de la cuenca del Duero.

3) Se establece igualmente la posibilidad de autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre concesionarios de la cuenca del Júcar con una vigencia temporal limitada al 30 de septiembre de 2017, al contrario que en el resto de casos, en los que se concede tal opción hasta el 30 de septiembre de 2018.

Publicado el 30 de junio de 2017 en https://www.iagua.es/