jueves, 20 de abril de 2017

A vueltas con los avionetas “antilluvias”

En el mundo agrario desde hace algún tiempo se viene hablando de la posible existencia de avionetas que destruyen las nubes de lluvia mediante la utilización de productos químicos para impedir lluvias y granizo. El posible desarrollo de esta conducta ha llegado incluso a ser investigado por la Fiscalía en la provincia de Almería.

Aunque pueda parecer sorprendente, esta práctica se encuentra regulada por el Derecho Español. La modificación de la fase atmosférica, y, por tanto, del ciclo integral del agua, es una cuestión prevista por el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el cual indica que La fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice, si bien es el artículo 3 de Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el precepto que regula de forma más completa tal cuestión al indicar que toda actuación pública o privada tendente a modificar el régimen de lluvias deberá ser aprobada previamente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca, debiendo esta última entidad solicitar a su vez informe al Instituto Nacional de Meteorología. Con carácter específico, cuando la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico tenga por finalidad evitar precipitaciones en forma de granizo o pedrisco, la autorización se otorgará por el Organismo de cuenca (esto es, la Confederación Hidrográfica correspondiente) en lugar del Ministerio, por un plazo de doce meses, renovables por periodos idénticos.

Fuente: pixabay.com/

Sobre esta última posibilidad, la de modificar la fase atmosférica para evitar el granizo o pedrisco, existe incluso un precedente resuelto por el Tribunal Supremo, el objeto de la sentencia de 6 de mayo de 2002, que denegó la solicitud realizada por una sociedad agraria de transformación a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la puesta en funcionamiento de aparatos antigranizo en un municipio de la provincia de Albacete, por cuanto no había quedado demostrada ni la eficacia del sistema a utilizar, con las técnicas en aquel momento existentes, ni siquiera de forma categórica que no se producirían perjuicios o resultados no deseados.

Publicado en el número 1004 de marzo de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 175.

jueves, 6 de abril de 2017

Sancionado por regar fincas de secano: autorizaciones insuficientes

La Sentencia de 10 de noviembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia resuelve el recurso presentado por un agricultor contra la sanción adoptada por la Confederación Hidrográfica del Segura que le impuso 3.000 euros de multa por haber derivado aguas de la Comunidad de Regantes de la que formaba parte a una balsa de su propiedad situada en una finca de secano (con el fin de regar dicha finca) sin disponer de la preceptiva autorización administrativa para ello.

La Confederación citada consideró tal conducta constitutiva de la infracción leve recogida en el art. 116. 3 g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (“El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga”) en relación, entre otros, con el art. 59 de la misma ley (“Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa”). La Confederación valoró que “la parcela que la actora explota no forma parte del perímetro de riego del citado aprovechamiento, por lo tanto está utilizando agua en parcelas distintas a las que se les concedió el aprovechamiento, sin la previa autorización de la CHS”.

El agricultor recurrente alegó que su actuación había sido autorizada por la Confederación dado que ésta 15 años antes firmó un Convenio, con 6 organismos (entre los que se incluía su Comunidad de Regantes) y el Ayuntamiento donde se situaban dichos organismos, que permitía a las organizaciones embalsar agua durante varios meses al año para regar sus parcelas.

El Tribunal Superior de Justicia en su sentencia confirmó la sanción impuesta desestimando el recurso del agricultor al considerar que el hecho de que se suscribiera el convenio citado “no significa que la Confederación le concediera autorización (al agricultor sancionado) para regar una parcela de secano sita fuera del perímetro regable de cualquier heredamiento o aprovechamiento”, actuación para la que se hubiera necesitado concesión o autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Segura por exigirlo así el art. 52.1 del Texto Refundido referido (“El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa”).

Publicado en el número 1003 de febrero de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 91.

jueves, 23 de marzo de 2017

¿Otro caso de spam? "Un nativo de Tailandia"

La pasada semana recibí otro de esos correos electrónicos cada vez más habituales que realizan un ofrecimiento poco común. En este caso, un supuesto representante de un "nativo de Tailandia" me ofrecía que actuara como representante de dicho ciudadano tailandés para realizar inversiones en España dado que éste "tiene algo de dinero de sus ahorros de negocios que quiere invertir bajo una asociación extranjera calificada".


Pasamos a analizar las cuestiones del correo electrónico recibido que resultan sospechosas:
  1. La dirección del email remitente y la del destinatario es la misma.
  2. La forma de redactar el email no es demasiado clara: "Estoy representando un interés de inversión de Tailandia interesado en inversiones".
  3. La dirección de email del remitente pertenece a Airgas.com, una de las grandes empresas americanas de distribución de gas, que nada tiene que ver con la oferta de inversiones de ciudadanos tailandeses.
  4. La dirección que se facilita de contacto es diferente al email desde donde se remite la comunicación.
  5. Nunca he estado interesado ni me he informado sobre intermediación de inversores extranjeros, ni tailandeses ni de otra nacionalidad.
Este email que recibí bien podría conformar un caso de "spam" o correo electrónico no deseado. Sobre este aspecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de  05/11/2015 nos recuerda que la importancia de ese consentimiento expreso (del destinatario de un email) a recibir correo electrónico ya que de lo contrario, se produce lo que es hartamente conocido coma SPAM con las consiguientes sanciones que ello puede implicar en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) por la remisión masiva de correo electrónico no autorizado.

viernes, 10 de marzo de 2017

Entrenadores del club, pero no trabajadores



La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 29 de noviembre de 2016 resuelve la reclamación realizada por tres personas contra el club de fútbol en el que entrenaban a parte de sus equipos de fútbol.

En dicha sentencia, el Tribunal Superior de Justicia, confirmando la decisión aceptada previamente por el Juzgado de lo Social num. 4 de Vitoria-Gasteiz, apreció que no existía contrato de trabajo entre las tres personas demandantes y el club de fútbol, dado que no concurrían los requisitos para apreciar la existencia de una relación laboral, esto es, los requisitos recogidos en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores (trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario).

Entrenador
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Señala esta sentencia de 29 de noviembre que, si bien el club de fútbol asignaba unas cantidades de en torno a los 500 euros mensuales a cada una de dichas personas, esta cantidad era abonada en concepto de dietas, para compensar gastos diversos, por lo que no tenía la consideración de salario… no concurre hecho acreditado alguno que permita apreciar la naturaleza de las relaciones contractuales que pudieron tener los ahora litigantes, y menos aún que tales contratos fueran de trabajo. Los demandantes entrenaban a equipos de fútbol femenino del club codemandado, pero se ignora la naturaleza de esos servicios.

El Tribunal Superior de Justicia consideró que este órgano de la jurisdicción social no era competente para conocer la reclamación formulada contra el club de fútbol; en el orden social solo puede resolver la reclamación de un trabajador contra su empleador; en este caso, dada la ausencia de relación laboral apreciada, el citado tribunal declaró la incompetencia de jurisdicción social para conocer tal cuestión.

Publicado en www.trescuatrotres.es el 8 de marzo de 2017.

lunes, 6 de febrero de 2017

Incumplimiento de contrato: fruta no apta para su venta

Por una empresa productora y vendedora de unas partidas de cereza, se reclamó judicialmente a la compradora de dichas partidas el pago de la parte del precio que quedaba por abonar por tal operación.

Ante tal reclamación, la compradora demandó a su vez a la vendedora exigiendo la indemnización por los daños y perjuicios derivados del mal estado en que llegó la fruta a su destino. El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Murcia dio la razón a la compradora condenándola al pago de 123.091,39 euros por entender que en dicho caso concurría un supuesto de “aliud pro alio”, el cual obliga a responder al vendedor en la compraventa. El Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de junio de 2015 describe el “aliud pro alio” como pleno incumplimiento del contrato de compraventa, por inhabilidad del objeto vendido para cumplir la finalidad para la que se vendió y consiguientemente se ha producido la insatisfacción del comprador, lo que en estos casos permite acudir a la protección que dispensan los artículos 1101 y 1124 del Código Civil.

Tal decisión del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Murcia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Murcia por la sociedad vendedora la cual alegó que ella había proporcionado en origen un producto apto, si bien no se encargó del transporte y el deterioro de la cereza se produjo en dicho transporte o en el destino.

La Audiencia Provincial de Murcia en sentencia de 24 de octubre de 2016 desestimó el recurso de la vendedora por considerar que la fruta no se correspondía claramente con los estándares mínimos por estar afectadas de podredumbre y grietas húmedas no cicatrizadas que llegaron a considerarse como "residuos" que se pudrirían en un breve período. Se responsabiliza a la vendedora de los defectos de la fruta descartando que el deterioro de la cereza se produjera durante su transporte al lugar de destino teniendo en cuenta que los termogramas (registro de temperaturas del semirremolque refrigerado) puestos en funcionamiento y precintados por la propia vendedora en los camiones, en los que no se aprecia una variación de temperatura susceptible de ser la causante del deterioro de la cereza.

Publicado en el número 1002 de enero de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 25.

lunes, 23 de enero de 2017

La ausencia de intencionalidad en sanciones de Dº de Aguas

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de fecha 7 de julio de 2016 ha confirmado la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura al Ayuntamiento de Lorca (Murcia) por verter aguas sin depurar a una rambla sin la preceptiva autorización.

Esta conducta se considera constitutiva de la infracción leve tipificada en el art. 116. 3 g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga) en relación con el art. 315 b) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en los supuestos en que no dieran lugar a caducidad o revocación de las mismas).

En el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justica, entre otros argumentos, el Ayuntamiento alegó su ausencia de responsabilidad por falta de culpabilidad o intencionalidad en su conducta: Falta del elemento esencial de la infracción como es el "elemento subjetivo del injusto", preciso para poder estimar cometida la infracción.

El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la sanción impuesta por la Confederación; en cuanto a la alegación sobre la falta de culpabilidad, ésta fue desestimada dado que para sancionar a un sujeto en el ámbito administrativo no es necesario que éste actúe intencionadamente:  de acuerdo con el art. 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.

En este sentido la sentencia declara rotundamente que el Ayuntamiento no ha demostrado diligencia alguna en la realización de los hechos sancionados al haber realizado el vertido no obstante conocer tanto que carecía de autorización de la CHS para llevarlo a cabo, como que el mismo, al ser de aguas residuales de una población sin depurar, era contaminante.

Publicado en el número 1001 de diciembre de 2016 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 1099.

miércoles, 11 de enero de 2017

Resumen del año jurídico 2016 en la CCAA de Murcia

Habiendo finalizado el año 2016, resulta hora de hacer balance de los acontecimientos más relevante ocurridos en tal año en la Región de Murcia:

El año 2016 comenzaba con la decisión del Tribunal Constitucional adoptada en el mes de enero que desestimaba el recurso presentado por el Gobierno de la CCAA de Murcia contra el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, que regulaba un nuevo sistema retributivo para las energías renovables; el Constitucional consideró acorde a Derecho el recorte a aplicar a las primas de las energías renovables.

En marzo, la empresa murciana de seguridad Magasegur, con más de 400 empleados, solicitaba el concurso de acreedores.

Este mismo mes, el Tribunal Supremo ordenaba la eliminación de los arruís en la Región de Murcia al estimar el recurso presentado contra el Real Decreto de
Especies Exóticas Invasoras, que permitía mantener un número limitado de estos animales en la CCAA de Murcia.

Palacio de Justicia de Murcia
Fuente:www.lacronicadelpajarito.es

En el mes de mayo el Tribunal de Justicia de Murcia obligaba a Aeromur, empresa concesionaria del Aeropuerto de Corvera, a la devolución de los 182 millones de euros relativos al aval que la CCAA de Murcia ofreció en el año 2010 para terminar las obras del citado aeropuerto ante la negativa a financiar de las entidades crediticias; dicho aval había sido ejecutado previamente por dichas entidades crediticias ante los impagos de Aeromur.

A mediados de junio se conocía la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que confirmaba la decisión previamente adoptada por el Tribunal Superior de Murcia que decretaba la nulidad de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena.

A finales de septiembre se dictaba sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia anulando el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murcia de 24 de noviembre de 2005 por el que se aprobó de forma definitiva el proyecto de Plan Parcial del sector ZA-Ed3, en Espinardo, el cual afecta a 'Joven Futura', urbanización con más de 1.300 viviendas destinadas a jóvenes.

A principios del mes de noviembre, se conocía la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, la cual, adecuándose al veredicto del jurado, condenaba a 34 años de prisión a dos de los acusados por el asesinato de Ingrid Visser (jugadora holandesa de voleibol) y de su pareja, en uno de los casos que más expectación mediática ha levantado en los últimos tiempos en la Región de Murcia.

En el mes de diciembre el Tribunal Supremo confirmaba el archivo provisional de la causa penal abierta contra Pilar Barreiro, ex alcaldesa de Cartagena, por el caso ‘Novo Carthago’ de corrupción urbanística.

Este mismo mes, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia procedía a declarar la nulidad de la cláusula suelo de un préstamo hipotecario concertado por un banco obligando a dicha entidad financiara a devolver al cliente el total de las cantidades cobradas en virtud de tal cláusula suelo, sin limitar su eficacia retroactiva, suponiendo esta actuación una de las primeras veces en las que se aplica en la Región de Murcia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce la retroactividad total en estos casos.

Éstos son algunos de los asuntos jurídico-judiciales (no todos) que han tenido más relevancia en la CCAA de Murcia durante el año 2016, el cual ha venido marcado asimismo por la incorporación en nuestra Comunidad a Lexnet, sistema de notificaciones telemáticas usado en la Administración de Justicia, incorporación que está planteando grandes problemas a abogados y procuradores, tal y como puso de manifiesto la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia en enero de 2016, cuando solicitó la suspensión del sistema Lexnet para abogados mientras no se solucionaran las problemas existentes por aquel entonces en dicho sistema.

Publicado en Murciaeconomia.com el 9 de enero de 2017.