jueves, 14 de junio de 2018

Crisis económica en la Comunidad de Regantes: ¿concurso de acreedores?

En muchas ocasiones las Comunidades de Regantes se ven en serias dificultades para hacer frente a sus deudas dados las elevadas cantidades que deben hacer frente (especialmente relevantes son las cantidades correspondientes a las modernizaciones de regadíos); cuando se dan los impagos por una Comunidad de Regantes, empiezan a devengarse los intereses, cargas y penalizaciones que aumenta más todavía su deuda, habiéndose planteado la posibilidad de que una Comunidad de Regantes solicite el concurso de acreedores (equivalente a la antigua suspensión de pagos) ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas: la declaración en concurso de una empresa u organismo (procedimiento que persigue, de una parte, la satisfacción de sus acreedores y, de otra, la supervivencia del concursado, no su extinción) ofrece la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores para realizar una quita de la deuda y/o un aplazamiento del pago, de paralizar y aplazar los embargos, y de suspender el devengo de intereses.

El concurso de acreedores se encuentra regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la cual determina en su artículo 2 que la declaración de concurso procede en caso de insolvencia del deudor, concurriendo el estado de insolvencia en el momento en que un sujeto no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles

La particularidad en cuanto a la declaración de una Comunidad de Regantes en situación de concurso de acreedores se encuentra en que el artículo 1.3 de tal ley refiere que no podrán ser declaradas en concurso… los organismos públicos y demás entes de derecho público.

Las previsiones del art. 1.3 habían dado lugar a que muchos autores negarán que una Comunidad de Regantes pudiera ser declarada en concurso dada su condición de Corporación de Derecho Público si bien, recientemente, se ha dado una resolución relevante al respecto: el Juzgado de Lo Mercantil Nº 1 de Murcia, en Auto de 13/03/2018, ha declarado en concurso de acreedores a una Comunidad de Regantes ubicada en la Región de Murcia al considerar acreditado su estado de insolvencia. Si bien, una sola resolución no sienta jurisprudencia, esto es, no vincula al resto de juzgados y tribunales, si puede servir de precedente para otra Comunidad de Regantes que pretenda recurrir a la declaración en concurso de acreedores para la gestión de su situación de crisis económica.

Publicado en el número 1016 de abril de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 44

domingo, 27 de mayo de 2018

Sanción deportiva: el arbitro (casi) siempre lleva la razón

En la anterior entrada titulada “recurriendo una sanción deportiva (modelo)” os facilitábamos un formulario con varios fundamentos jurídicos con los que poder recurrir una sanción impuesta en el mundo de fútbol; concretamente nos referíamos en dicha entrada a los principios de motivación (necesidad de argumentar o fundamentar la sanción impuesta) y al de tipicidad (un sujeto solo puede ser castigado por conductas constitutivas de infracción según la normativa vigente).

Hoy os vamos a exponer en qué consiste la presunción de veracidad del acta arbitral. La mayoría de reglamentos contemplan que los hechos que recoja un arbitro en un acta se presumirán ciertos en lo referente a la disciplina deportiva (así se establece, por ejemplo, en el artículo 27 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol).

Expulsión Arbitro
Fuente: https://pixabay.com/
En este sentido, se parte de que los hechos relatados por el arbitro son veraces, sin perjuicio de ofrecerle al afectado la posibilidad de probar que la versión recogida en el acta arbitral no es cierta si bien se tendrá que demostrar de manera concluyente el manifiesto error arbitral. Tal y como refiere el Tribunal Administrativo del Deporte (Expedientes 187/2014 bis o 297/2017),  la prueba (a realizar por el afectado) no ha de acreditar que es posible o que puede ser acertado otro relato u otra apreciación fáctica a la del árbitro, sino que ha de acreditar que el relato o apreciación del árbitro es imposible o claramente errónea.

Se puede ver un ejemplo práctico de la aplicación de la presunción de veracidad del acta arbitral en la Resolución del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol Nº 117/2017 en la que se procede a sancionar a Fran Mérida con tres partidos de suspensión por lo acaecido en el encuentro disputado en la jornada undécima de LaLiga 1/2/3 de la presente temporada que enfrentó a su equipo, el CA Osasuna, con el FC Barcelona B.

Publicado en https://trescuatrotres.es/sancion-deportiva-el-arbitro-casi-siempre-lleva-la-razon/ el 29 de abril de 2018.

miércoles, 16 de mayo de 2018

La expulsión del miembro de una Comunidad de Regantes

Se facilita en este enlace la presentación que se utilizó para la exposición de la comunicación sobre la expulsión del miembro de una Comunidad de Regantes el día 16 de mayo de 2018, dentro del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España celebrado entre el día 14 y 18 de dicho mes en Torrevieja.



martes, 24 de abril de 2018

Daños en cultivo por desbordamiento de río. Responsabilidad administrativa



La Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de octubre de 2017 procede a estimar la reclamación de un agricultor dirigida a la Confederación Hidrográfica del Ebro en que solicitaba una indemnización de 95.335 euros por los daños provocados en sus cultivos causadas por las tres riadas que afectaron al río Ebro en el año 2013.

Para que una Administración Pública resulte responsable de los daños ocasionados por su actuación (o su inactividad), debe darse la situación contemplada por el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos  (las previsiones del referido artículo 139 se recogen actualmente en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

La Audiencia Nacional, con respecto a la responsabilidad administrativa por inundaciones por desbordamiento de cauces, atribuye la responsabilidad de la administración no sólo en los casos en que la inundación o el desbordamiento es originado por una actividad administrativa positiva o por la omisión unida a la creación de una situación previa de riesgo … sino también en los casos en que se incumple de modo omisivo puro el deber de poner fin o impedir hechos o actos ajenos a su actuación que pueden provocar el desbordamiento y la perniciosa acción de las aguas que discurren por los cauces naturales (con las excepciones de lluvias torrenciales o a destiempo).

De los requisitos establecidos por el art. 132 la Confederación Hidrográfica del Ebro rechazaba que existiera una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y los daños, esto es, que los daños se debieran a la actuación (o falta de actuación de la Confederación) si bien la Audiencia Nacional terminó por condenar a la Confederación al apreciar su responsabilidad, dada su obligación de limpieza, conservación y mantenimiento de los cauces fluviales que constituyen parte del dominio público hidráulico (conforme a los arts. 23 , 40 , 42 , 92 y 94 del  Texto refundido de la Ley de Aguas) 

viernes, 6 de abril de 2018

Recurriendo una sanción deportiva (modelo)

Con motivo de una consulta que me han realizado con respecto a la imposición de una sanción a un equipo de fútbol de categoría juvenil, tuve la oportunidad de comprobar que en el mundo de internet no existe mucha información sobre cómo realizar un recurso o alegaciones ante el órgano correspondiente cuando concurre esta situación.

En esta entrada vamos a facilitar un modelo de recurso o alegaciones (el modelo abarca la letra en cursiva) que incluye algunos fundamentos jurídicos que pudieran ser de aplicación al supuesto concreto del que se trate (dependiendo de la Federación y del nivel del proceso en el que nos encontremos, puede variar el órgano al que se dirija el escrito –Juez Único de Competición, Comité de Apelación;  aquí el escrito irá dirigido al Comité de Apelación).

AL COMITÉ DE APELACIÓN DE LA FEDERACIÓN […] DE FÚTBOL

DON […], con DNI Nº […], en nombre y representación del club […], con CIF Nº […] y domicilio sito en […], actuando en mi condición de Presidente del referido club, ante el COMITÉ DE APELACIÓN DE LA FEDERACIÓN […] DE FÚTBOL, comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:

Juez de línea fútbol
Fuente: https://pixabay.com

Que, en tiempo y forma, mediante el presente escrito interpongo, RECURSO contra el Acuerdo del Comité de Competición de la referida Federación de fecha […], referente al partido que enfrentó a los clubs […] y […], de fecha […], categoría […], grupo […], por el que se sancionó a Don […], con la sanción consistente en […], con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Aquí debe realizarse en diferentes apartados (1, 2, 3…) una breve descripción de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta.

A los anteriores Antecedentes de Hecho son aplicables los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En este apartado deben exponerse los motivos por los que la sanción no debe imponerse. Debe discutirse la aplicación del artículo correspondiente en el que se apoye la sanción impugnada, pudiendo acompañarse (en su caso) las pruebas que se consideren necesarias para demostrarse los hechos en los que nos apoyamos. A continuación, se exponen determinados fundamentos jurídicos que pueden servir de apoyo a nuestro escrito:

La sanción impuesta no se encuentra motivada; la motivación es un requisito esencial para la validez de cualquier sanción, dado que así se explicitan los argumentos en que se apoya tal medida, lo que constituye una garantía básica para el afectado; en este sentido, la sanción que se ha impuesto no viene precedida de argumentación o fundamento alguno, careciendo, por tanto, de motivación, hecho que ha de dar lugar a la nulidad de la misma (por todas, la Resolución 80/2001 del Cómite Español de Disciplina Deportiva, Aranzadi RJD nº 5 RC 68).

Asimismo, se vulnera el principio de tipicidad dado que los hechos realizados por el sujeto sancionado no se recogen expresamente por la norma como constitutivos de infracción alguna a la que aplicar la sanción impuesta. En este sentido, nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan una infracción según la normativa vigente, infracción a la que aplicar una sanción expresamente prevista en la misma norma (Resolución de 24/09/2014 del Tribunal Administrativo del Deporte, Expediente núm. 72/2014). En este caso, debe procederse a anular la sanción impuesta dado que la conducta que se pretende sancionar no se encuadra en infracción alguna recogida en la norma aplicable y/o se pretende aplicar una sanción no prevista en tal normativa.

En virtud de todo cuanto queda expuesto,

SOLICITA, Que, teniendo por interpuesto el presente Recurso, lo admita, y en su día, dicte Resolución por la que, estimándose el presente recurso se anule la sanción impuesta revocando el acuerdo recurrido.

En […] a […] de […] de 2018.

Publicado en https://trescuatrotres.es/recurriendo-una-sancion-deportiva-modelo/ el 21 de marzo de 2018.

jueves, 8 de marzo de 2018

Apuntes jurídicos sobre el agua desalada para riego

En estos momentos de escasez de agua en el que insistentemente se alude a la posibilidad de acudir al agua desalada, es conveniente exponer el supuesto resuelto por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 14 de diciembre de 2017 que aborda una sanción por uso no autorizado de agua desalada. Debemos partir de varias consideraciones:

• Las aguas procedentes de la desalación son públicas al formar parte del dominio público hidráulico (art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).

• Para poder realizar un uso privativo de las aguas (como el riego) es necesaria la obtención previa del título administrativo habilitante (concesión en este caso). El artículo 52 de la referida Ley de Aguas dispone que “el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa”, y el artículo 59 del mismo texto legal establece que “todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa”.

• Se han creado diversas empresas estatales para la construcción, explotación y gestión de la plantas desalinizadoras. Estas empresas han suscrito convenios con agricultores para que les suministren agua desalada.

La sentencia objeto del presente comentario plantea si la firma de uno de los referidos convenios entre la empresa estatal y el agricultor habilita a este último para regar sus tierras con agua desalada, sin necesidad de contar con autorización o permiso alguno de la Confederación Hidrográfica correspondiente. En este sentido la referida sentencia resuelve de forma clara tal cuestión al negar que "la sociedad estatal pueda sustituir al Organismo de cuenca en la determinación de los particulares que ostentan esos derechos… la disponibilidad de agua procedente de la desalinización, el suministro de la misma por la sociedad que se ocupa de su gestión, o la suscripción de un convenio para su adquisición, no eximen al usuario (el agricultor) de la obligación de obtener la correspondiente concesión administrativa que le autorice el uso privativo del agua, que solo podrá otorgar el Organismo de cuenca con competencia en la materia..."

Publicado en el número 1014 de febrero de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 29

miércoles, 7 de febrero de 2018

El estado de necesidad en el Derecho de Aguas

En estos momentos en que la sequía azota a toda España, es conveniente traer a colación una figura, el estado de necesidad, que tiene origen en el Derecho Penal, y que resulta aplicable en el Derecho Administrativo Sancionador, rama jurídica en la que se incluyen las sanciones en Derecho de Aguas. El artículo 20 del Código Penal exime de responsabilidad criminal al que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber,  siempre que concurran los siguientes requisitos: 

  • Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; 
  • Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
  • Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

El estado de necesidad representa una causa de exculpación que podría plantearse aplicable cuando una persona, que no cuenta con la dotación necesaria para abastecer su cosecha proceda a regar tal plantación para evitar su pérdida o deterioro. Así ocurrió en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo de 2017, en la que se sancionó a un agricultor por extraer agua sin autorización de un pozo en la cuenca del Guadiana. El agricultor sancionado invocó el estado de necesidad imperiosa, por concurrir los requisitos exigidos en el artículo 20.5º del Código Penal, al precisarse de agua en una plantación de viña en espaldera de regadío, cuya falta no solo determinaría la pérdida de la cosecha sino también de la plantación, y hasta de la propia empresa, y de más de mil jornales anuales de braceros.

El Tribunal Superior de Madrid negó la concurrencia de esa causa de exoneración de responsabilidad considerando que el estado de necesidad es la “última ratio”, para solucionar o paliar un conflicto grave y acuciante que, por sus características e inminencia, no permita dilaciones o aplazamientos, por lo que, para que el estado de necesidad pueda apreciarse, es preciso que previamente se hayan agotado todos los recursos o remedios existentes para solucionar ese conflicto. En este supuesto, no se agotaron todos los recursos al alcance del agricultor sancionado para utilizar el agua del pozo litigioso sin concesión ni autorización administrativas, de donde se sigue que no proceda estimar el presente recurso contencioso administrativo.

Publicado en el número 1012 de diciembre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 923.