jueves, 10 de agosto de 2017

Un caso cualquiera de condena por comercio no autorizado de variedades vegetales

El Juzgado de lo Penal Nº 5 de Almería, en sentencia de 22 de marzo de 2017, condenó a dos empresarios de la localidad de Níjar, dedicados a la distribución de productos agrícolas, por la comisión del delito previsto entonces en el artículo 274.3 del Código Penal (hoy se recoge tal delito en las previsiones del art. 274.4 de tal norma) que castigaba con penas de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 12 a 24 meses a “quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales”.

La Guardia Civil, tras realizar diversas inspecciones en los invernaderos de las empresas que administraban los condenados (sociedades dedicadas según su objeto social a la “comercialización y venta de productos agrarios”), formuló denuncia contra éstos al haber encontrado en dichas instalaciones plantones de tomate acondicionados (o a acondicionar) para la siembra de variedades registradas con el título legal de obtención vegetal protegida.

Los condenados no contaban con autorización alguna para el comercio de tales variedades registradas siendo conscientes de que se encontraban protegidas por el título legal de obtención vegetal.

Partiendo de una solicitud inicial por parte del Ministerio Fiscal de condena a los acusados a 6 meses de prisión, finalmente se alcanzó una sentencia de conformidad (mediante acuerdo de las partes) por la que se condenaba a los dos acusados a una pena de prisión de 3 meses y una multa de 960 euros, si bien la pena de prisión fue sustituida por otra multa del mismo importe, evitando así en ingreso de los empresarios en prisión.

Publicado en el número 1008 de julio-agosto de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 551.

viernes, 21 de julio de 2017

Justicia: dando ejemplo desde arriba

Últimamente he podido percibir cómo están aumentando las críticas desde esferas públicas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, en general, a todos los cuerpos relacionados con la Administración de Justicia.

Ya en 2013 la entonces número 2 del Partido Socialista, Elena Valenciano, ponía en cuestión el trabajo de la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE de Andalucía; la Señora Valenciano, tras la imputación de la exministra Magdalena Álvarez en el Caso de los ERE, señalaba como bastante chocante...de qué manera tan precisa la juez Alaya coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del PSOE andaluz. Hubo autos durante las elecciones autonómicas y ahora, cuando se estaba produciendo un inicio de relevo al frente de la Junta

Más recientemente (en mayo de este año) la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, calificaba los informes de la UCO (Unidad Central Operativa), órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, elaborados en el Caso Púnica como juicios de valor sin fundamento jurídico alguno.

Los Medios De Comunicación, Micrófono, Hungría
Imagen obtenida de https://pixabay.com/

Viene a mi cabeza sobre esta cuestión aquel refrán al que un familiar cercano solía aludir con frecuencia: “Consejos vendo que para mí no tengo”. Si las instituciones o agentes involucrados en la Administración de Justicia cuestionan públicamente el trabajo de policía, Guardia Civil, jueces o fiscales, de difícil manera el ciudadano va a respetar el trabajo de estos profesionales.

Bajo mi punto de vista, resulta una premisa básica el que desde las instituciones públicas se dé ejemplo no poniendo en duda públicamente la imparcialidad u objetividad del trabajo de policía, jueces o fiscales. El derecho de un cargo público o con relevancia social  a su defensa y a la tutela efectiva de los jueces y tribunales previsto por el art. 24 de la Constitución Española debe ejercerse en los tribunales, evitando declaraciones públicas como las referidas; difícilmente podrá requerirse al ciudadano de a pie que acate lo indicado por un magistrado o un Guardia Civil si desde las instituciones públicas se pone en duda su trabajo.

Publicado en Murciaeconomia.com el 19 de julio de 2017. 

martes, 4 de julio de 2017

Breves notas sobre el Decreto-Ley de medidas urgentes contra la sequía

El pasado 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Esta norma establece determinadas medidas para poner remedio a la situación de sequía existente en las cuencas hidrográficas más afectadas por la falta de lluvias, descartándose la opción de realizar trasvases entre cuencas.

Se ha optado por aprobar dichas medidas (obviándose el trámite ordinario para la aprobación de una ley), a través de la figura del Real Decreto, mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución por el que se habilita en caso de extraordinaria y urgente necesidad al Gobierno para adoptar disposiciones legislativas provisionales a ser inmediatamente sometidas a debate y votación por el Congreso de los Diputados, justificándose en este caso la decisión de legislar a través de un Real Decreto por la necesidad de “adoptar un conjunto de medidas, con carácter urgente, destinadas a paliar los efectos de esta importante adversidad climática, en el marco de la necesaria cooperación con las comunidades autónomas afectadas”

En lo que respecta a la concesión y/o autorización para el aprovechamiento de aguas, la principal medida que se adopta por este Real Decreto-ley 10/2017 se contiene en su Disposición Adicional Segunda, la cual establece unas reglas excepcionales y temporales sobre la cesión de derechos al uso privativo de aguas a aplicar en las demarcaciones hidrográficas con declaración de sequía vigente:

1) Se posibilita hasta el 30 de septiembre de 2018 autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre concesionarios de la cuenca del Segura, en los que el volumen susceptible de cesión sea igual al volumen concedido al titular que cede su derecho, no siendo de aplicación la limitación establecida en el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

2) Con el mismo carácter y vigencia temporal podrán autorizarse contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre concesionarios de la cuenca del Duero.

3) Se establece igualmente la posibilidad de autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre concesionarios de la cuenca del Júcar con una vigencia temporal limitada al 30 de septiembre de 2017, al contrario que en el resto de casos, en los que se concede tal opción hasta el 30 de septiembre de 2018.

Publicado el 30 de junio de 2017 en https://www.iagua.es/

martes, 13 de junio de 2017

El Supremo ratifica la anulación del canon de regadíos del año 2010 en Andalucía


El Tribunal Supremo, sobre la liquidación girada por el año 2010, indica que “resulta incuestionable que la liquidación del canon correspondiente al ejercicio de 2010 se giró por un órgano manifiestamente incompetente, contraviniendo flagrantemente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 del EAA” circunstancia que ha dado lugar a la nulidad de tal liquidación dadas las previsiones del art. 62.1.b) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio). 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017 ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 7 de abril de 2016 que  dejó sin efecto el canon de regulación de regadíos y la tarifa de utilización del agua en la campaña 2010.

La Sentencia de 7 de abril de 2016 anuló la liquidación girada por el canon de regadíos de 2010, al no tener la Junta de Andalucía competencias para ello dado que el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), que atribuía a dicha Comunidad competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del río Guadalquivir fue declarado inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 2011. El artículo 51 citado establecía que “la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, habiendo declarado el Tribunal Constitucional su inconstitucional por vulnerar el art. 149.1.22  de la Constitución Española al realizar “una concreción del criterio territorial de delimitación de las competencias que el citado precepto constitucional reserva al Estado”.
 
El Tribunal Supremo ha anulado la liquidación reconociendo el derecho del contribuyente a que se devuelvan los importes indebidamente ingresados por la Junta de Andalucía.

Publicado en el número 1007 de junio de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 466.

jueves, 1 de junio de 2017

También se anulan los Swaps de grupos agrícolas y ganaderos

Acostumbramos a asociar los juicios sobre clausulas suelo, participaciones preferentes o swaps con consumidores o particulares, desechando la idea que una empresa o sociedad puede reclamar por tales cuestiones. Sin embargo, no siempre ocurre así; la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2017 es una buena muestra de ello.

Esta sentencia resuelve un recurso interpuesto por  una sociedad (que agrupaba a varias empresas dedicadas a la explotación agrícola y ganadera) que suscribió con una entidad financiera un contrato de financiación por importe de 400.000 euros y adicionalmente un contrato de gestión de riesgos financieros, es decir, un Swap, cuya finalidad era ofrecer una cobertura contra el riesgo de la subida de los tipos de interés.

La Ley del Mercado de Valores (art. 78 bis) obliga a las entidades financieras a una serie de deberes con aquellos clientes que han sido calificaciones como minoristas (y no como profesionales): deberán asegurarse de la idoneidad y conveniencia de los productos ofrecidos y de suministrar información completa y suficiente, y con la antelación necesaria, sobre los riesgos que conllevan (en parecido sentido se pronuncia el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero).

El Tribunal Supremo consideró que la entidad financiera no dio la información suficiente lo cual provocó un error en el consentimiento de quién contrató con la entidad bancaria: la entidad bancaria no cumplió con los deberes de información de los riesgos concretos que podrían derivarse del funcionamiento del producto financiero, o del riesgo que podía comportar el coste económico de su cancelación anticipada.

A pesar de que el administrador de la sociedad que contrató con la entidad bancaria había acordado numerosos créditos en el marco de su actividad, el Tribunal Supremo resta relevancia a tal circunstancia: el hecho de que el cliente sea una sociedad mercantil no supone necesariamente su carácter experto, puesto que la formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el swap no es la del simple empresario

Por todo ello el Tribunal Supremo terminó por anular el contrato de gestión de riesgos financieros (swap o permuta financiera) ordenando la restitución recíproca de las prestaciones realizadas junto  con sus intereses legales desde la fecha de pago.

Publicado en el número 1006 de mayo de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 374.

viernes, 12 de mayo de 2017

Sin sanción a pesar de extraer más de un millón de m3 de agua sin autorización

La Sentencia de 17 de febrero de 2017 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha anulado la multa de 3.000 euros que la Confederación Hidrográfica del Segura impuso en el año 2015 a una Comunidad de Regantes por extraer 1.072. 681 m3 irregularmente.

La Comunidad de Regantes procedió a extraer más de un millón de metros cúbicos de agua de un sondeo que no se encontraba autorizado por la citada Confederación, conducta que sería constitutiva de la infracción prevista en el artículo 116.3 b) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el cual establece como infracción La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.


A pesar de que la conducta desarrollada por la Comunidad de Regantes encajaba en la infracción descrita en el artículo 116.3 b) citado, el Tribunal Superior de Justicia valoró que la obtención del agua se realizó en un sondeo que, si bien no había sido completamente aprobado, su autorización había sido proyectada (en sustitución de otro) por la propia Confederación: la Sala considera, que debe corroborarse este criterio y excluir la culpabilidad de la Comunidad de Regantes por entender que su actuación estaba amparada por esa permuta entre un sondeo y otro corroborada por actos propios de la propia Administración

La Sentencia alude a que el artículo 3.1,  párrafo segundo de la Ley 30/1992 , proclama que las Administraciones Públicas "...deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima..." (estas previsiones se recogen hoy en el artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) y al principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución para entender que la Comunidad de Regantes extrajo el agua creyendo que actuaba contando con autorización para ello dado que existen datos y hechos de la Administración, que corroboraban esa creencia de la actora, de actuar dentro de las normas, por la existencia de la permuta (de sondeos).

Publicado en el número 1005 de abril de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 270.


domingo, 30 de abril de 2017

Cierre de cuentas "futboleras". Analizando la normativa de Twitter



Aquellos seguidores de la Segunda División B del fútbol español que tienen actividad en la red social Twitter quizás hayan podido comprobar como determinadas cuentas que hacían un seguimiento a dicha categoría han sido suspendidas. Así, se han visto afectadas por tal suspensión las cuentas @Segunda_DivB, @LaSegundaB y @FutbolModestoEs.

Según se comenta en dicha red social, la suspensión de cuenta ha venido causada por el uso indebido de imágenes y/o vídeos lo que habría supuesto una violación de los derechos de autor de sus legítimos titulares.

Debemos recordar mínimamente las Condiciones de Twitter (para los residentes fuera de los Estados Unidos):

3. Contenido de los Servicios: … Twitter respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y espera que los usuarios de sus Servicios hagan lo mismo. Nos reservamos el derecho a eliminar Contenido que supuestamente infrinja esta norma, sin aviso previo, a nuestro único criterio y sin ninguna responsabilidad hacia usted.

4. Uso de los Servicios: … Podremos suspender o cancelar su cuenta o dejar de proporcionarle los Servicios en su totalidad o en parte en cualquier momento, con motivo o sin él, incluyendo, entre otros, si tenemos motivos razonables para pensar que: (i) usted ha infringido estos Términos o las Reglas de Twitter, (ii) usted crea riesgos o nos expone a nivel legal; (iii) su cuenta debe eliminarse por inactividad prolongada; o (iv) nuestra oferta de los Servicios para usted ya no es viable comercialmente. Realizaremos los esfuerzos razonables para notificarle a través de la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta o la próxima vez que intente acceder a dicha cuenta, dependiendo de las circunstancias.

Twitter
Fuente https://andro4all.com/
Si Twitter ha procedido a cerrar o suspender una cuenta, el usuario de dicha cuenta, después de haber agotado sin éxito las vías internas que le permiten dirigirse a dicha red social, tan solo podría acudir a los tribunales para intentar poder recuperar su perfil.

Si bien Internet y las redes sociales nos permiten interactuar con personas de otros continentes, no podemos olvidar que detrás del mundo virtual sigue existiendo la vida real, y que Twitter tiene su sede central en San Francisco, Estados Unidos. Si el afectado por el cierre de un perfil o cuenta pretendiese llegar a los tribunales para recuperarla, lo más probable es que se viese obligado a demandar ante los tribunales de San Francisco, por estar allí la sede central de Twitter.

A pesar de que dicha empresa tenga una sociedad filial, Twitter Spain SL. con sede en Madrid, dedicada al marketing y desarrollo de negocio, cuando empresas norteamericanas del mundo de Internet (véase Google) con filiales en nuestro país, han sido demandadas en España, en muchas ocasiones se ha acabado declarando que los tribunales españoles no tenían competencia para conocer los asuntos, dado que la empresa responsable (a la que se debía demandar) era la empresa matriz, la localizada en los Estados Unidos.

Publicado en http://www.trescuatrotres.es/ el 14 de abril de 2017.