miércoles, 3 de enero de 2018

La venta a pérdida, prohibida por los tribunales europeos

La Sentencia de 19 de octubre adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “el TJUE”), va a suponer una revolución en el sector agroalimentario, dado que resuelve si el contenido del artículo 14 de la Ley 7/1996 de Ordenación de Comercio Minorista (en adelante, “la LOCM”), que prohíbe con carácter general la venta a pérdida  con 3 excepciones (i. cuando quien las realice busque alcanzar los precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar a sus ventas ii. cuando se trate de productos cerca de su caducidad y iii. en caso de ventas en liquidación) resulta compatible con la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, sobre las prácticas comerciales desleales, la cual en su Anexo I, en el que se enumeran las conductas contempladas como desleales, no incluye a la venta a pérdida como una práctica desleal.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su origen en una cuestión prejudicial que planteó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia que debía resolver un recurso presentado por una empresa mayorista (vendedora de productos domésticos y de alimentación a supermercados y tiendas de barrio) que había sido sancionada por la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con una multa de 3.001 euros por haber incumplido la prohibición resultante del artículo 14 de la LOCM, al haber vendido con pérdida determinados productos de los que comercializaba. A través de dicha cuestión prejudicial se vino a plantear al TJUE si dicho art. 14 de la ley española que prohíbe la venta a pérdida resulta contrario a la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, sobre las prácticas comerciales desleales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando respuesta a la cuestión prejudicial planteada, reconoció que la prohibición general de venta a pérdida determinada por el artículo 14 de la LOCM es contraria a la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, sobre las prácticas comerciales desleales, dado que dicha Directiva prohíbe a los Estados miembros adoptar medidas más restrictivas que las definidas en la referida Directiva; en este caso, la Directiva no prohíbe la venta a pérdida y el artículo 14 de la LOCM adopta tal prohibición, por lo que la LOCM está adoptando una medida más severa que las previstas en la Directiva, actuación no permitida por esta última norma.

Publicado en el número 1011 de noviembre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 835.

martes, 26 de diciembre de 2017

¡¡¡Detengan a ese Rey Mago!!!

En estos tiempos navideños, no encuentro mejor tema para un comentario que el asunto resuelto por la sentencia de 26 de junio de 2010 del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Huelva.

Esta resolución conoció de una denuncia formulada por los siguientes hechos: en la cabalgata de Reyes de 2010, el Rey Mago Baltasar o, más probablemente, otra persona que se hacía pasar por él, arrojó los caramelos con un excesivo "ímpetu", por emplear términos de la propia denunciante, con tan mala suerte que uno de los contundentes dulces golpeó en el ojo al denunciante, causándole una contusión ocular.

Esta denuncia se archivó porque no eran los hechos denunciados constitutivos de infracción penal, sin perjuicio de las responsabilidades que fueren exigibles en otra jurisdicción, apoyándose para ello el juez en un precedente idéntico que también acabó con el archivo de la denuncia efectuada: En este sentido, y en un supuesto idéntico al que nos ocupa, puede invocarse el auto de 2 de junio de 2009 dictado por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que confirma el previo sobreseimiento acordado por el Juzgado de Instrucción.


La razón dada para desestimar que los hechos denunciados pudieran constituir una falta o delito penal radica en que quien asiste a determinados acontecimientos populares, asume los riesgos que puedan suscitarse en dichas celebraciones, aceptándolos. Afirma el juez que alguien que participa en un partido de fútbol, asume el riesgo de que otro jugador, accidentalmente, le lesione o que el corredor que toma parte en los encierros de las Fiestas de San Fermín en Pamplona, acepta que el toro pueda alcanzarle; en este caso particular, parece razonar el juez que quien asiste como espectador a una Cabalgata de Reyes consiente los riesgos, mayores o menores, que esa participación conlleva, aceptando implícitamente que un caramelo le pueda impactar dado que No es concebible, por lo menos para este instructor, una Cabalgata de los Reyes Magos sin que en la misma se arrojen caramelos a los espectadores desde cada una de las carrozas, del mismo modo que no puede concebirse una fiesta de carnaval sin disfraces. Podríamos decir que va de suyo

Descartando que los hechos tengan naturaleza penal, se señala que bien podría el denunciante acudir a la vía administrativa para ser resarcido de los daños ocasionados: siendo indiscutible el derecho de la denunciante a ser resarcida por sus lesiones, si efectivamente las sufrió y si concurren todos los requisitos legales, el ámbito propio para ello no será, en ningún caso, el del Derecho Penal, pues claramente nos encontraríamos ante un tema estricto de responsabilidad patrimonial de la administración, que es la que organiza la cabalgata y provee de caramelos y demás material tanto a SSMM los Reyes de Oriente como a los demás partícipes del desfile.

Los razonamientos expuestos hasta ahora forman parte de lo que podríamos considerar como fundamentos de derecho típicos de una sentencia; sin embargo, pasamos a exponer otras manifestaciones que se pueden considerar cuanto menos originales.

- El juez se plantea si estaría obligado a formular su abstención, ante la posible concurrencia de las causas de abstención previstas en los ordinales 9º (Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes) y 10º (Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa) del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia indica que reconoce el instructor que el Rey Mago Baltasar, con el concurso de los Reyes Melchor y Gaspar, le han venido ofreciendo anhelados presentes cada día 6 de enero desde que tiene uso de razón. No obstante poner de manifiesto lo anterior, el instructor considera oportuno no formular la abstención, dejando libertad a la parte para que, si lo estima oportuno, pueda recusar; y ello por considerar que, tal vez, la persona denunciada no sea en realidad el propio Rey Mago Baltasar, sino otra.

- Se pone igualmente en duda si se podría juzgar al denunciado por los tribunales españoles, dado que Habría entonces de determinarse la nacionalidad de Su Majestad, pues siendo notorio que procede de Oriente, hace más de dos mil años que no se resuelve la polémica en torno a su verdadero país de origen. De este modo, sólo conociendo su nacionalidad, aplicando las reglas de Derecho Internacional Público, podría dilucidarse a qué jurisdicción y a qué órgano judicial, dentro de la misma, correspondería instruir.

lunes, 11 de diciembre de 2017

El derecho de rectificación (o replica) a propósito del balompié

Periódicos, revistas, programas de radio o televisión…son numerosos los canales por los que se puede publicar información u opiniones sobre una persona o institución; a los tradicionales medios (prensa, radio y televisión) se han unido hoy las páginas web, blogs y demás canales de difusión que ofrece internet. Cuando una persona ha sido nombrada en una noticia y no está de acuerdo con el contenido de la misma, el afectado, en la mayoría de los casos, desconoce que la legislación española le ofrece una herramienta para dar contestación a tal noticia en el mismo medio a través del denominado derecho de rectificación que se recoge en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo.

En el mundo del balompié, han surgido situaciones como las referidas en las que el afectado por una noticia ha ejercido tal facultad que el artículo 1 de tal norma describe como el derecho que asiste a toda persona, natural o jurídica… a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Sin ir más lejos, el Real Madrid Club de Fútbol y Raúl González Blanco, con relación a un artículo publicado en el Diario ABC de 21 de septiembre de 2010, bajo el titulo Raúl cobró 14 millones por irse, procedieron a ejercer tal derecho en el citado medio de comunicación desmintiendo tal información.

Rectificación

La referida Ley Orgánica 2/1984 obliga a que la rectificación se realice por el medio de comunicación en cuestión en los términos requeridos por el afectado y de acuerdo con los requerimientos de tal norma, dado que, tal y como establece su artículo 4,  en caso de que no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicacion social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en tal ley, podrá el perjudicado solicitar judicialmente que se proceda a publicar tal rectificación. Así ocurrió con el Cádiz Club de Fútbol S.A.D., el cual, por no cumplir debidamente con un requerimiento de rectificación,  se vio obligado por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Cádiz, de fecha 16-06-08, a publicar una rectificación en la que se daba replica a un comunicado oficial del referido club.

Dos últimas circunstancias a añadir sobre este particular derecho de réplica:

1) El derecho de rectificación se ejercita sin entrar a valorar si la información publicada y la rectificación es cierta o no.
2) Este derecho asimismo se ha llegado a ejercitar para dar replica a publicaciones realizadas en medios digitales y redes sociales.

Fuentes:

1) “Rectificación: Raúl desmiente que cobrase 14 millones por su finiquito“. Diario ABC. 30/09/2010.
2) “Nota de Rectificación del Cádiz CF” Cadizcf.com. 15/07/2008.

Publicado el 8 de diciembre de 2017 en trescuatrotres.es

jueves, 16 de noviembre de 2017

Errores de localización en sanciones por extracción de aguas

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de fecha 6 de julio de 2017 ha anulado la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura a una sociedad mercantil dedicada a la agricultura por la que se le castigaba con una multa de 5000,00 euros y obligada igualmente al pago de 1.319,70 € en concepto de daños al dominio público hidráulico, prohibiéndose asimismo la explotación del sondeo declarado ilegal.

La Confederación consideró que en los terrenos de la citada mercantil existían dos pozos, uno que se encontraba autorizado y otro que resultaba ilegal, calificando la explotación de este último pozo como constitutiva de la infracción una infracción tipificada en el art. 116.3 a ) y b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación con el art. 315 a ) y m) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, consistente en haber realizado la explotación de un sondeo sin disponer de autorización administrativa para ello.


La sociedad sancionada decidió recurrir ante el tribunal citado alegando que en su propiedad tan solo existía un único pozo el cual se encontraba autorizado. El tribunal estimó el recurso presentado por la sociedad, al interpretar acreditado que en la parcela y polígono al que venimos haciendo referencia solo existe un sondeo habida cuenta i) que existe documentación suficiente en las actuaciones para concluir que son ciertos tales hechos, ii) que no se ha acreditado por la CHS que exista en dicha parcela otro pozo que el indicado, iii) que la propia CHS asigna coordenadas diferentes al mismo pozo en sus documentos. Por lo que es evidente la carencia del mínimo rigor necesario para identificar la localización del pozo por parte de la CHS, circunstancias que provocan que deba anularse la sanción impuesta por aplicación del principio de presunción de inocencia previsto en el art. 24.2 de la Constitución (este principio conlleva que corresponda a la Administración la carga de probar la certeza de los hechos imputados, sin que en ningún caso esté obligado el inculpado o expedientado a probar su propia inocencia por la presunción constitucional); en este sentido, el tribunal llegó a la conclusión de que no existen pruebas suficientes de la explotación sin autorización que se imputa a la mercantil recurrente para enervar la presunción de inocencia, revocando la sanción impuesta condenando asimismo a la Confederación a sufragar los gastos del juicio causados a la sociedad.

Publicado en el número 1010 de octubre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 736.

domingo, 5 de noviembre de 2017

¿Sancionado por no impedir un riego ilegal desde mi pozo?

Planteemos el siguiente caso: una persona, sociedad o Comunidad de Regantes es beneficiario de una concesión de aguas (que tiene asignada una determinada zona en la que regar) ocurriendo que alguien hace uso de esas aguas para regar fuera de la zona autorizada. Tal es el supuesto objeto de la Sentencia de 29 de junio de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; en esta sentencia se sancionó a una Comunidad de Regantes de Caravaca (Murcia) porque uno de sus miembros había utilizado las aguas de las que esa Comunidad disfrutaba fuera del perímetro que tenía reconocido.

La Confederación Hidrográfica del Segura sancionó por este comportamiento al miembro de la Comunidad de Regantes y a la propia Comunidad (con una multa de 10.000 euros), ocurriendo que este último organismo recurrió ante el Tribunal Superior referido, alegando que no había cometido infracción alguna y que el único responsable de la infracción cometido era el comunero que había desviado los caudales hacía un terreno no autorizado para riego. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia recordó a la Comunidad de Regantes que el responsable de garantizar el cumplimiento de las condiciones de la concesión es el titular de la misma, que no es otro que la Comunidad de Regantes que tiene inscrito el aprovechamiento, y que, en este caso particular, el desvío de caudales a zonas situadas fuera del perímetro de riego no se produjo de una forma puntual y esporádica sino de forma permanente… y que, en consecuencia podía ser advertido con un mínimo de diligencia por la Comunidad de Regantes.

La conducta desarrollada por la Comunidad de Regantes (la modificación del perímetro de riego de su concesión de aguas permitida por la Comunidad de Regantes por consentir que sus aguas sean usadas en terrenos que no forman parte de tal perímetro de riego) se consideró constitutiva de la infracción prevista en el art. 116.3.c) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley) sin perjuicio de que el comunero que realizó el riego no autorizado en cuestión también fuera sancionado.  El tribunal, si bien sanciono a la Comunidad de Regantes, rebajó la multa que le impuso a 5.000 euros por no haberse justificado la cuantía de dicha multa.

Publicado en el número 1009 de septiembre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 648.

domingo, 22 de octubre de 2017

Smart Water. Visión jurídica

Iagua ha lanzado un concurso de Blogs abierto a todos aquellos que deseen participar realizando una publicación relacionada con el “Smart Water”. En este texto, el cual se advierte de antemano que no resulta especialmente extenso, se van a realizar dos apreciaciones sobre tal concepto desde el punto de vista jurídico, perspectiva que nunca debe dejarse de lado cuando se está tratando la administración de recursos hídricos.

La primera cuestión a tratar pasa por determinar qué es exactamente el “Smart Water”; puede tratarse de una palabra familiar para determinada gente, si bien representa un concepto que, en mi opinión, no es tan fácil de definir. “Smart Water” se describe como las soluciones de gestión inteligente del agua [1] ; más extensamente, se indica que una utilidad de “Smart Water” garantiza un proceso de toma de decisiones sistemático e inteligente a todos los niveles, basado en sensores de calidad y cantidad de agua "online", teniendo en cuenta el ciclo completo del agua desde la toma de agua hasta las aguas residuales, con el fin de asegurar una calidad y cantidad de agua adecuada con un consumo mínimo de energía y materiales [2].

El concepto “Smart Water” se relaciona directamente con uno de los principios fundamentales del Derecho de Aguas español, como es la prohibición del abuso del derecho en la utilización de las aguas y la obligación de no llevar a cabo conductas que supongan el desperdicio o mal uso de este recurso. Así se determina en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas cuando en su artículo 50.4 se indica que la Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare y en el 54.1 que el propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley…y de la prohibición del abuso del derecho.

En este sentido Pérez Pérez, E. [3], apunta a la prohibición del abuso del derecho en la utilización de las aguas como uno de los principios rectores del Derecho español de la gestión en materia de aguas, habiendo indicado la Sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía de 24 de julio de 2014 Nº 749/2014, Sección 3 ª, Nº Recurso 553/2013, la cual deniega la inscripción de un aprovechamiento en el Registro de Aguas solicitada por el recurrente aludiendo, que el derecho que pretende la actora ha de ser reconocido en el marco de un recurso público escaso -como es el agua- y dentro de unos límites que excluyan el abuso de derecho; en parecido sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía de 2 de diciembre de 2000  Nº 1832/2000, Sección 3 ª, Nº Recurso 2182/1997, destaca que es el agua elemento vital y escaso (máxime en España) que exige una utilización racional.

El uso sostenible de los recursos hídricos guarda asimismo relación con el carácter público de las aguas y los principios que rigen la actuación de las Administraciones Públicas en nuestro país. El actualmente vigente Real Decreto Legislativo 1/2001 refundió y adaptó las normas existentes hasta el momento en materia de aguas, entre las que se incluía la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. La Ley 29/1985 llevo a cabo un cambio radical en la legislación de aguas hasta entonces aplicable dado que declaró el carácter público de las aguas a través de su artículo 1.2 (sin perjuicio de los derechos adquiridos conforme a la normativa anterior a dicha Ley 29/1985). Tal artículo 1.2. determinó que Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Ilustrativamente se denominó a esta novedad legislativa como la “Nacionalización” de los recursos hídricos [4], habiendo mantenido el Real Decreto Legislativo 1/2001 la configuración de las aguas subterráneas y superficiales dada por la Ley 29/1985 como un bien público.

Esta caracterización de las aguas como recurso público permite traer a colación a su vez la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cual, en diferentes preceptos, alude a la eficacia y eficiencia como principios de actuación de las Administraciones Públicas; así por ejemplo, el art. 129 determina, en su apartado 1, que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, y, en su apartado 6, que En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Una actuación con la que se podría promover la mejora del “Smart Water” y, con ello, el uso responsable de los recursos hídricos que propugna el Texto Refundido de la Ley de Aguas e, indirectamente, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sería mediante la consideración (como elemento a tener en cuenta en la contratación pública relativa a las aguas) de aquellas ofertas que se hayan podido presentar en una licitación o concurso público que fomenten el “Smart Water”, esto es, que promuevan la calidad y cantidad de agua adecuada con un consumo mínimo de energía y materiales a la que antes hacíamos referencia. Dando preferencia en la contratación pública a aquellos profesionales o empresas que estimulen el “Smart Water”, esto es, la gestión inteligente del agua, se estará contribuyendo a un uso más sostenible, racional y responsable de los recursos hídricos.

* Imagen obtenida de https://pixabay.com/es/presa-hoover-nevada-hoover-presa-2107964/

[1] Ladislao Aceituno Lopez, L., Smart Water: Abastecimiento, Depuración y Distribución Inteligente, 2015, <https://iot.telefonica.com/blog/smart-water-abastecimiento-depuracion-y-distribucion-inteligente-1>, consultado a 1 septiembre, 2017.
[2] Traducción propia realizada del concepto facilitado por Pernille Ingildsen, P., y Olsson, G., Castilla Barea, M., Smart Water Utilities: Complexity Made Simple, 1ª ed., IWA Publishing, Londres, 2016, pg. 29, <https://books.google.es/books?id=4KvQDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>, consultado a 1 septiembre, 2017.
[3] «Breve exposición de la Ley de Aguas de 1985», en Derecho de aguas, 1ª ed., Murcia, Instituto Euromediterráneo del Agua, 2006, pgs. 63 a 65.
[4] Pérez Martín, A.: «Recursos Hídricos y Registro de la Propiedad», en Anales de la Academia Sevillana del Notariado, 2009, VLEX-212962517.

Artículo publicado en Iagua.es el 11 de septiembre de 2017.

miércoles, 11 de octubre de 2017

Coloquio de jóvenes sobre el futuro laboral-profesional

A finales del pasado mes de julio tuve la oportunidad de participar en un coloquio de la Radio Municipal de San Javier, Murcia, junto con otros 3 jóvenes en el que pudimos debatir sobre el futuro laboral y/o profesional ante el que se enfrentan los jóvenes, aportando las experiencias personales de los intervinientes.


Diferentes perfiles (desde una joven que va a pasar a incorporarse a la carrera de Medicina, pasando por un músico formado en el extranjero o por quien ha tomado el relevo generacional en un negocio familiar tras formarse en el extranjero) pusieron de manifiesto diversas ideas [como la conveniencia de una estabilidad en la legislación educativa (evitando cambios en el sistema educativo cada legislatura), la necesidad de la iniciativa privada como alternativa al empleo público o el beneficio de salir al extranjero como parte del aprendizaje personal y/o profesional] que parecen representar el sentir más o menos común de los jóvenes que se enfrentan al mundo laboral y/o profesional.