jueves, 26 de abril de 2012

La lentitud de la Justicia española


Leía hace unos días una noticia que informaba que el Tribunal Supremo había confirmado la imposición de una multa de 500 euros por el Consejo General del Poder Judicial a un juez que se había retrasado de forma injustificada un año y medio en dictar una sentencia. La decisión adoptada por el Tribunal Supremo me ha llevado a plantearme si resulta cierto aquello que se dice de que la justicia lenta no es justicia. 

Entiendo que un sistema judicial justo requiere que las decisiones de jueces o magistrados no se demoren mucho en el tiempo; en este sentido, resulta curioso como un propio tribunal llega a reconocer tal extremo: la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 7 de noviembre de 2009 expresa que "la Sala no puede menos que transmitir a las partes el sonrojo que le produce el que un pleito iniciado en diciembre de 2001, sobre una cuestión que carece de enjundia jurídica o fáctica, casi siete años después aún esté pendiente de una resolución firme. Lo que obliga a pedir, no solamente en nombre propio, unas sinceras disculpas por el anómalo y deficiente servicio prestado por parte de la Administración de Justicia".

Si se atiende a la percepción general que el ciudadano común tiene de la justicia española, se observa como no existe una imagen positiva del sistema judicial español. Para apreciar tal hecho, basta con destacar dos cuestiones de la encuesta realizada por Metroscopia el pasado año para el Consejo General de la Abogacía Española analizando la percepción del ciudadano de la Justicia española: ante la pregunta de cómo debía catalogarse el funcionamiento de los tribunales españoles, uno de cada dos encuestados contestó que los tribunales españoles funcionan mal o muy mal; sin embargo, es un segundo dato el más revelador: un 84% de los encuestados se mostró de acuerdo con la afirmación que manifestaba que "La administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella".

En cualquier caso, deben aportarse más datos para poder tener una imagen completa del sistema jurídico español. Para que una Administración de Justicia sea eficaz necesita medios suficientes, y quizás en España, se carezca de ellos. Atendiendo a la información facilitada por la Comisión de la UE para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), España se sitúa a la cola de los países europeos en el número de jueces por habitante. En España existe un ratio de 10 jueces por cada 100.000 habitantes (frente a la media europea que se sitúa en los 20 jueces), lo que nos coloca en el puesto 37 de los 46 países estudiados. 

Frente a la posible consideración de que nuestra Administración de Justicia es poco eficaz, quizás deberíamos situar la falta de jueces suficientes como una de las principales razones del retraso del sistema judicial español. 

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