viernes, 24 de agosto de 2012

Lo más simple puede ser lo más eficaz


Publicado en murciaeconomia.com/ el 24 de agosto de 2012.

Ya hemos hablado en algún momento sobre el problema referente a la lentitud para la resolución de una controversia en la justicia española; dicha dinámica no parece que vaya a cambiar de acuerdo con las noticias aparecidas en lo que va de año: el pasado abril, el Ministerio de Justicia anunciaba que hasta el año 2013 no se van a convocar oposiciones para jueces y fiscales; en tal mes igualmente se informaba de que el presupuesto del Ministerio para 2012 se iba a rebajar en un 6,3%...

España representa uno de los países de la Unión Europea con menor número de jueces por habitante (según la información facilitada por la Comisión de la UE para la Eficacia de la Justicia -CEPEJ-, frente a la media europea situada en un ratio de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, en España dicha cifra se establece en los 10 jueces, lo que nos sitúa en el puesto 37 de un total de 46 países). Si se relaciona dicho dato con la cantidad de dinero que se estima que se encuentra retenida en litigios en la justicia española, puede plantearse si resulta adecuado reducir la inversión en justicia y no dotar de medios a juzgados y tribunales para poder dar salida a los asuntos que les son planteados: se calcula que actualmente 20.000 millones de euros se encuentran retenidos en los litigios judiciales entre particulares o entre particulares y administración pendientes de resolución.  

Dichos 20.000 millones de euros representan una cantidad en nada desdeñable; dicho montante, por ejemplo, supera al dinero adeudado por las administraciones a los trabajadores autónomos a 1 de noviembre del pasado año, deuda cifrada en 15.229 millones de euros. 

Quizás resulte un razonamiento demasiado simple, pero lo simple es lo que muchas veces resulta más eficaz: una inversión adecuada en justicia que no conllevara el desatender los servicios esenciales de la sociedad y que procurara la existencia de jueces y fiscales (y de personal de la Administración de Justicia en general) suficientes para resolver los litigios judiciales pendientes, tendría como consecuencia que tanto particulares como empresarios o profesionales, tuvieran posibilidad de cobrar aquellas cantidades que, por encontrarse pendientes de juicio, no han podido percibir en años. 

La mayor dotación de medios a los tribunales que produjera la resolución de los litigios retenidos en los juzgados, amén de permitir que se vinieran a percibir cantidades que están varios años pendientes de cobro, conllevaría que futuras deudas que se vieran sometidas a un litigio, pudieran cobrarse en un plazo prudencial. En muchas ocasiones, resulta imprescindible no sólo cobrar el dinero retenido en juicio, sino cobrarlo en un plazo razonable; sirva como referencia el dato facilitado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira: algunos asuntos planteados este año ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad de Madrid, aquellos que se encargan de los pleitos contra la Administración Pública, no se empezarán a juzgar hasta 2017. 

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