jueves, 13 de septiembre de 2012

Arbitraje de consumo. Cuestiones prácticas



En nuestra legislación el arbitraje de consumo se instauró por primera vez por el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consumo. El preámbulo de dicha norma aludía al artículo 51 de la Constitución Española. Este artículo 51 de la Carta Magna, establece uno de los caracteres que, bajo mi opinión, resulta básico para el correcto funcionamiento de este sistema: la eficacia; señala tal precepto que “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. La eficacia del arbitraje de consumo representa un elemento fundamental para que este mecanismo de resolución de conflictos funcione, y sobre esta cuestión expondré unas breves consideraciones.

El arbitraje de consumo que, tal y como se señaló el párrafo anterior, se estableció por el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, a día de hoy se rige por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

El artículo 1 del Real Decreto 231/2008, señala que por este sistema un consumidor puede plantear ante un colegio arbitral una determinada reclamación que tenga contra un empresario o profesional con el que ha contratado, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. Aunque resulta cierto que un empresario o profesional no puede instar una reclamación ante el incumplimiento de un consumidor con el que ha contratado, el empresario o profesional el cual se ve sometido a un arbitraje de consumo por una solicitud de un consumidor, si se encuentra habilitado para reclamar a éste último lo que estime conveniente, siempre que dicha reclamación guarde relación con la solicitud inicial que planteó el consumidor, de acuerdo con el artículo 43 del Real Decreto 231/2008.

Desde la creación de este arbitraje, los consumidores han recurrido a este procedimiento para resolver sus controversias con empresarios o profesionales, habiéndose incrementado de forma considerable el número de asuntos sometidos al mismo; sirvan como ejemplo los datos aportados por la Comunidad de Madrid: en dicha región el número de asuntos sometidos a este sistema en el año 1993 (3580) se ha multiplicado aproximadamente por cinco en el plazo de 18 años hasta alcanzarse en 2011 el número de 20.360 arbitrajes de consumo realizados [1].

Los consumidores españoles, que ante un problema con un empresario o profesional pueden acudir a los tribunales o al arbitraje de consumo, cada vez recurren más a esta última figura, por las ventajas que el arbitraje de consumo presenta frente al procedimiento judicial:

1. El artículo 41 del Real Decreto 231/2008 establece la gratuidad como uno de los principios que rige el procedimiento arbitral de consumo; resultando cierto que para que un consumidor pueda interponer una demanda civil ante los tribunales contra un empresario o profesional por una cuantía inferior a los 2.000 euros, no es necesario que el consumidor contrate los servicios de abogado y procurador, dado que el procedimiento judicial resulta más formalista y técnico, desde mi punto de vista optar por afrontar uno de estos procedimientos judiciales sin abogado no es lo más apropiado (no es muy frecuente en la práctica, que en estas reclamaciones civiles, aún cuando se pueda actuar sin abogado, se prescinda de los servicios del letrado); estas razones, en mi opinión, deben llevar a que, ante la disyuntiva de acudir al arbitraje de consumo o al procedimiento judicial, se deba optar por el arbitraje; amén de la gratuidad de este sistema, la falta de formalidades especiales del arbitraje de consumo supone una de las grandes diferencias con el procedimiento judicial, tal y como determinó el artículo 31 Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios cuando estableció los caracteres que debían regir el arbitraje de consumo

No sólo supone un ahorro para el consumidor el acudir al arbitraje de consumo, también resulta beneficioso a nivel estatal el uso de este sistema frente al procedimiento judicial ya que el recurso a esta clase de arbitraje supone un ahorro estimado de 3.000.000 de euros a la Administración de Justicia [2]; sirva como referencia el señalar que el coste medio de un juicio, por menor que sea, asciende aproximadamente a los 3.000 euros [3].

2. Considerando que, desde la interposición por un consumidor de una demanda judicial contra un empresario o profesional hasta la obtención de sentencia, puede pasar un año o más tiempo, resulta mucho más ágil el arbitraje de consumo; el artículo 49 del Real Decreto 231/2008, establece que, con carácter general, el colegio arbitral dispone para dictar el laudo arbitral de un plazo máximo de 6 meses a empezar a contar desde el día siguiente al inicio del procedimiento.

Si bien, no se puede negar el éxito del arbitraje de consumo, existen ciertas cuestiones que pudieran ser revisadas con el fin de que mejorar aún más este procedimiento.

Una de las cuestiones que se ha planteado como posible materia del arbitraje de consumo a revisar, ha sido la cuantía del procedimiento: tanto la regulación del arbitraje de consumo dada por el Real Decreto 636/1993, como la adoptada por la norma que lo derogó, el Real Decreto 231/2008, optaron por admitir que se pudieran someter al arbitraje de consumo reclamaciones de cualquier cantidad, no existiendo límite en razón de la cuantía de la reclamación. Existen determinados laudos que han resuelto reclamaciones de un montante mínimo; basta citar dos laudos adoptados por la Junta Arbitral de Consumo de Aragón que resolvieron sobre  reclamaciones interpuestas solicitando la devolución de 8,79 Euros y 9,65 Euros respectivamente [4].

Aunque el Real Decreto 231/2008 finalmente no adoptó tal medida, el Borrador y el Proyecto del mismo plantearon como causa de inadmisión para las reclamaciones presentadas por un consumidor, la falta de relevancia de las cuantías reclamadas (“podrán inadmitirse las solicitudes…de cuantía insignificante, en las que tal afectación de derechos económicos sea insignificante). Ante tal posibilidad se mostró contrario MARCOS FRANCISCO [5], destacando la inseguridad jurídica en la que se podría incurrir a la hora de determinar si una reclamación tiene “cuantía insignificante” o no, ya que, de acuerdo con la regulación propuesta, tal decisión vendría sometida a los presidentes de las Juntas Arbitrales.

Siendo cierto que los costes que suponen un arbitraje de consumo que resuelva sobre una reclamación de escasa cuantía, pueden resultar mayores que la propia cuantía de la reclamación formulada (honorarios de los árbitros, costes de las notificaciones, etc.), desde mi perspectiva, la decisión tomada finalmente por el legislador de no limitar por razón de la cuantía las reclamaciones a someter al arbitraje de consumo, aun cuando tal medida podría tener resultados positivos al disuadir al consumidor de plantear cuestiones de escasa importancia, responde a una lógica: si un consumidor no encuentra ninguna limitación por razón de la cuantía para interponer una demanda civil en reclamación de la más mínima cifra, no incurriendo dicho consumidor en coste alguno, no resultaría lógico que este consumidor no pudiera someter la misma cuestión por medio de un arbitraje de consumo en esas mismas condiciones.

Dejando de lado la cuestión de las reclamaciones de escasa cuantía, la principal dificultad práctica que encuentra el arbitraje de consumo se centra en la voluntariedad de la adhesión de los empresarios y profesionales al mismo; la doctrina defiende que el establecimiento del arbitraje de consumo como un sistema al que obligatoriamente se tuvieran que someter los empresarios y profesionales, resultaría inconstitucional; así GARCÍA GÓMEZ [6] señala que el dotar de tal obligatoriedad al arbitraje de consumo supondría una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española; en este sentido MARCOS FRANCISCO [7] alude como ejemplo para ilustrar que en el ordenamiento jurídico español no cabe el establecimiento de un  arbitraje  obligatorio, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de noviembre de 2011 que declaró la inconstitucionalidad del artículo 38.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, precepto que venía a establecer la necesidad de someter a un arbitraje especial determinadas cuestiones cuya cuantía fuera inferior a cierta cifra.

De acuerdo con el artículo 37 del Real Decreto 231/2008, un consumidor no puede obligar a un empresario o profesional que no se haya adherido al sistema arbitral de consumo previamente, a que se someta a tal sistema ante una reclamación interpuesta por este consumidor, si bien existe la posibilidad de que un empresario o profesional pueda aceptar someterse a tal arbitraje ante una solicitud interpuesta por un consumidor aún cuando no esté adherido, aunque tal aceptación del empresario o profesional no adherido no suele darse en muchas casos: en la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, el 62% de las ocasiones en que a un empresario o profesional que no había aceptado previamente la adhesión se le requirió que se sometiera al arbitraje de consumo, tal requerimiento no fue aceptado por el empresario o profesional. [8]

Si se atiende a la evolución de los profesionales o empresarios adheridos al arbitraje de consumo, se ve como no todo aquel que acepta el someterse a tal sistema, mantiene tal decisión. Si nos fijamos en los números del año 2007 facilitados por el Instituto Nacional de Consumo, datos no demasiado recientes pero que bien sirven de ejemplo, en tal periodo por las 8.338 empresas o profesionales que se unieron a tal sistema, 2.186 retiraron su adhesión [9]. No debe obviarse que el empresario o profesional adherido al arbitraje de consumo puede verse invitado a abandonar tal sistema de observar que las reclamaciones que contra él se plantean acaban mayoritariamente por conceder la razón al consumidor; baste con señalar el sentido en que la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid resolvió los laudos que a este organismo se plantearon en el primer semestre de 2011: tal Colegio Arbitral emitió 249 laudos estimatorios, frente a 218 laudos desestimatorios y 61 conciliatorios [10].

La decisión de un empresario o profesional de adherirse al arbitraje de consumo puede venir motivada por razones de imagen; con tal adhesión se puede conseguir incrementar la credibilidad del negocio y desarrollar la imagen de marca de la empresa. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas ventajas no son consideradas  suficiente razón por el empresario o profesional para adherirse al sistema arbitral de consumo. En este medio de resolución de conflictos, como adelantamos al comienzo de este escrito, resulta fundamental contar con la colaboración del sector empresarial, parte fundamental de este sistema, ya que su ausencia lo hace ineficaz; tal y como señaló LARA GONZALEZ “de poco sirve que las distintas administraciones públicas con competencia en la materia hayan procedido a establecer y financiar Juntas Arbitrales de Consumo… en aras a que los consumidores y usuarios cuenten con un procedimiento específico donde puedan defender sus derechos legalmente reconocidos, si el sistema arbitral de consumo no cuenta con la confianza de los empresarios” [11].

Para fomentar la adhesión de los profesionales y empresarios al arbitraje de consumo, considero de utilidad determinadas medidas a adoptar por las Administraciones Públicas:

i) La creación de ayudas públicas para los empresarios y profesionales que se adhieran al arbitraje de consumo.

ii) Dar preferencia en la contratación pública, a la hora de valorar las diferentes ofertas que se hayan podido presentar en una licitación o concurso público, a los empresarios o profesionales adheridos al sistema arbitral de consumo.

iii) Por último, una política fiscal que presente deducciones y bonificaciones fiscales para los sujetos adheridos al arbitraje de consumo.



[1] Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, Memoria de Consumo 2011, 2011.

[2]  Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid, La Comunidad promociona el sistema arbitral de consumo para resolver conflictos de forma extrajudicial y gratuita, 2012.

[3] Redacción del Elderecho.com, “Cualquier juicio, por menor que sea, cuesta una media de 3.000 euros, según la UE”, en Elderecho.com, 25 mayo, 2011

               
[4] Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, Laudos 2003. Cuadernos de Consumo nº 40, 2008.

[5] Diana Marcos Francisco, El arbitraje de consumo y sus nuevos retos, València: Tirant lo Blanch, 2010, p. 173.

[6] Ramón García Gómez,El convenio arbitral de consumo. Arbitraje de consumo y justicia material”, en Estudios de derecho de obligaciones. Homenaje al Profesor Mariano Alonso Pérez, Madrid: LA LEY, 2006, Tomo I, p. 789.

[7] Diana Marcos Francisco, El arbitraje de consumo y sus nuevos retos, València: Tirant lo Blanch, 2010, p. 166.

[8]  G. Aragón, “Las solicitudes por arbitraje crecen un 19% en Aragón”, en Heraldo.es, 11 nov., 2011.

 

[9] Instituto Nacional de Consumo, Memoria del Sistema Arbitral de Consumo, 2007.

[10] Ayuntamiento de Madrid, El arbitraje de consumo aumenta un 40% en 2011, 25 julio, 2011.

[11] Rafael Lara González, La importancia de la participación de los empresarios y de sus entidades representativas en el Sistema Arbitral de Consumo”, en Aranzadi civil: revista doctrinal, Pamplona, Aranzadi, núm. 3, 2005, p. 2258.

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