viernes, 21 de septiembre de 2012

El razonamiento jurídico de los recortes en la Administración

Publicado en  http://murciaeconomia.com/ el 21 de septiembre de 2012.

La Administración Pública, a todos los niveles (estatal, autonómico y local), está adoptando determinadas medidas para el ahorro en gasto. En muchas de tales decisiones, la Administración viene a modificar los pactos que había alcanzado con base en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice así:


"Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación".

Sirva como muestra del recurso a las prerrogativas dadas a la Administración por este artículo 38.10, la decisión tomada en el ámbito estatal por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, el cual llevó a cabo, entre otras decisiones, la reducción de un 5% de los salarios públicos o la suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011: en su Exposición de Motivos señalaba que por diferentes causas "el Consejo de Ministros ha acordado a través del presente Real Decreto-ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, suspender parcialmente la aplicación de las cláusulas del acuerdo con contenido económico".

También en el ámbito local se ha actuado de la misma forma; por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido a la suspensión de la aportación municipal al Plan de Pensiones de los empleados públicos del Ayuntamiento en el ejercicio 2012, así como la suspensión de la concesión de ayudas médicas y de estudios durante el mismo ejercicio, dado que existe "motivación suficiente y adecuada para adoptar la excepcional aplicación del artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico Del Empleado Público".

Este artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público permite entrar a suspender o modificar determinados pactos que haya alcanzado la Administración en materia de función pública siempre que concurran ciertas circunstancias; el hecho de que esta prerrogativa dada a la Administración no quede a su entero arbitrio, ha dado lugar a que muchas de las suspensiones o modificaciones de pactos adoptados hayan sido recurridas ante los tribunales, que en numerosas ocasiones, han resuelto declarando la legalidad de tales decisiones dada la situación excepcional provocada por la actual crisis.

De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 26 de julio de 2011 (en el mismo sentido la Sentencia de dicho tribunal de Castilla y León de 9 junio de 2011), para que proceda aplicar la prerrogativa del artículo 38.10 del EBEP deberá ocurrir:

a.  que el acuerdo o el pacto continúen vigentes,
b.  que sobrevenga una alteración sustancial de las circunstancias económicas que se    tuvieron en cuenta por los firmantes del pacto o del acuerdo al momento de su elaboración,
c.   que esa alteración genere una causa grave de interés público justificativa de la suspensión, y
d.   informe previo a los sindicatos representativos de la causa o de las causas que fundamentan la suspensión.

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