jueves, 2 de mayo de 2013

Enervar un desahucio en el arrendamiento rústico

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de octubre de 2012 (disponible en http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp) resuelve un asunto en que se enerva un proceso de desahucio de arrendamiento rústico. Un procedimiento en el que se pretende desahuciar al arrendatario (quien disfruta del inmueble a cambio de precio) que ha impagado la renta, puede ser finalizado sin que se ordene el desalojo si el arrendatario, una vez es requerido a juicio por tal desahucio, paga lo adeudado o pone a disposición del arrendador tal importe. Esta posibilidad de enervamiento no existirá cuando el arrendatario haya recurrido a esta facultad de paralizar el proceso de desahucio en una ocasión anterior ni cuando el arrendador hubiese solicitado al arrendatario el pago de las cantidades adeudadas con un mes de antelación a la solicitud de inicio del procedimiento de desahucio y éste no hubiese atendido dicho requerimiento de pago. Esta figura del enervamiento se recoge en los artículos 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 25 a) de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos. 

La Audiencia Provincial resuelve sobre la demanda de desahucio que interpuso el arrendador de una finca rústica contra el arrendatario motivada por el impago de las rentas relativas al año 2009. En este asunto, ocurrió que el arrendatario “antes del plenario consignó la renta que en la demanda se denunciaba como impagada con efectos enervatorios… por lo que denunciada en la demanda como impagada la renta de la última anualidad (2009) y consignada ésta en fecha 8 de mayo de 2010, esto es con anterioridad a la vista de 19 de mayo de 2010, ha de declararse enervada la acción”. 

Debe destacarse que, en muchas ocasiones, el juzgador ha decidido que el arrendatario, que ha paralizado la demanda de desahucio dirigida contra él, debe ser condenado a pagar las costas ocasionadas (gasto de abogado y procurador) al arrendador porque tal gasto de éste último “es imputable a la parte demandada (arrendatario) quien, con el cumplimiento tardío de su obligación de pago de renta, motivó la presentación de la demanda”.

Publicado en el número 959 de Febrero de 2013 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 92. 



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