martes, 18 de junio de 2013

Desahucios: dudosos consejos legales que circulan por Internet

Publicado en murciaeconomia.com el 18 de junio de 2013.
 
Amigos y conocidos me han preguntado por un mensaje que circula por internet que expone una supuesta forma de conseguir que una vivienda hipotecada que va a ser vendida en pública subasta continúe siendo usada por quienes concertaron la hipoteca con el banco a pesar de que puedan perder su propiedad por ser adjudicada dicha vivienda a un tercero.

Tal mensaje afirma lo siguiente:

En cuanto una persona ve que no va a poder pagar su casa, automáticamente, le hace un contrato de alquiler a su mujer/suegra/hijo/hermano o a quién se pueda, por el valor de 1€, 5€ o 10€, con una duración “indefinida”/50 años, 100 años. Cantidad únicamente simbólica. El contrato debe estar a nombre de alguien que no figure en la hipoteca y debe estar pasado por el registro de la propiedad.

En el momento del embargo, la propiedad figura en el registro a nombre del hipotecado, pero figura como una propiedad con inquilinos. Como resultado del embargo, la “titularidad de la propiedad” cambia, a nombre del banco. El domicilio continúa teniendo inquilinos. Con esta maniobra perderíamos la propiedad, continuaríamos debiendo la hipoteca al banco, pero tendremos que pagar a nuestro nuevo “casero” por nuestro ex-piso 10 € al mes durante la duración del contrato.

Ya que ellos no dan soluciones, nosotros las buscamos. Aquí tenéis una buena herramienta que os puede servir ahora. Cuando “legalmente” no pueda seguir usándose, buscaremos más. Medidas de guerra para un tiempo de guerra”.


Aparte de que la conducta descrita puede incurrir en el fraude de ley previsto en el artículo 6.4 del Código Civil ("Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir") lo que conllevaría la nulidad del contrato de arrendamiento, este comportamiento bien podría constituir alguna infracción penal tal como el delito de estafa (Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno) o el de alzamiento de bienes (Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación), delitos previstos en los artículos 248 y 257 del Código Penal respectivamente.

Ejemplo de tal posibilidad de que la conducta descrita puede suponer un comportamiento delictivo se encuentra en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 30 de diciembre de 2004, que enjuició la acción desarrollada por los dos acusados que, "dolosamente de común acuerdo y en perjuicio de tercero", procedieron a firmar un contrato de arrendamiento del cual se hizo uso en el procedimiento de ejecución hipotecaria de la vivienda objeto del supuesto arrendamiento con el objeto de paralizar la ejecución del inmueble, lográndose "suspender la diligencia de toma de posesión de la finca a favor de quienes habían resultado ser adjudicatarios", siendo probado posteriormente "la inexistencia de abono de las rentas correspondientes al contrato".

De la sentencia referida, que apreció que el arrendador y la arrendataria que firmaron el contrato de alquiler en cuestión cometieron el delito de estafa mediante contrato simulado previsto en el artículo 251.3 del Código Penal (Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años...3.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado), deben destacarse ciertas afirmaciones:

1.    En el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en su día contra el arrendador de la vivienda en cuestión, se declaró "al respecto que el contrato se había concertado 'prima facie' de forma simulada o fraudulenta. En este supuesto los vínculos personales entre quienes firmaron el contrato de arrendamiento simulado "-que fueron pareja y son padres de un hijo, aunque insistan en que ya no viven juntos-, las muy llamativas condiciones del arriendo supuestamente concertado, la falta de justificación del pago de una sola de las rentas pactadas y la constancia de que la finca que se decía arrendada no constituyera el domicilio habitual de la inquilina...han de conducir, mediante un razonamiento acorde a la lógica y a la experiencia general, a la simulación del referido contrato".

2.    Esta sentencia señala que "la actuación de los ahora recurrentes (arrendador y arrendataria) ha supuesto, con relación a quienes han resultado adjudicatarios en virtud del proceso de ejecución hipotecaria, una evidente dilación en la toma de posesión del bien ejecutado, circunstancia que, como también se señala en la resolución recurrida (y sin perjuicio de lo que más adelante diremos al respecto), puede traducirse en un perjuicio de carácter patrimonial".

3.    Establece la sentencia que “La acusada (arrendataria) que no ostenta un título legítimo...en clara connivencia con el acusado (arrendador)...trató de hacer valer un contrato simulado, lo que supuso, insistimos, un claro perjuicio para quienes, al resultar adjudicatarios de la finca, vieron obstaculizada su posesión sobre dicho bien...los acusados, quienes actúan para conseguir un beneficio propio, cual es continuar en la posesión de la finca hipotecada, en perjuicio de quienes tras un proceso de ejecución han resultado adjudicatarios, a quienes los acusados, lejos de resarcir, han privado durante unos dos años y medio de la posesión del bien adjudicado. La simulación del contrato, en fin, permite afirmar que los acusados han desarrollado una maniobra fraudulenta encaminada a no ceder, haciendo valer un título inexistente, la posesión del inmueble que el acusado había hipotecado, por lo que, al considerar que concurren en dicha conducta los elementos integrantes del tipo del art. 251.3 del Código Penal.

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