jueves, 22 de enero de 2015

Caducidad: como el trascurso del tiempo anula una sanción por regar sin autorización


La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 23 de septiembre de 2014 (Nº Sentencia: 841/2014; Nº Recurso: 829/2012) resuelve el recurso interpuesto contra la decisión adoptada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana de sancionar a un ciudadano, que detrajo aguas subterráneas de un pozo no autorizado para el riego de 28,09 hectáreas de vid en la localidad de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), con una multa de 6.010,13 euros, condenándolo igualmente a sufragar una indemnización de 871,08 euros por los daños causados y a la clausura del pozo.

La conducta realizada por el ciudadano se entendió constitutiva de la infracción prevista en los apartados a. (“Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas”)  y b. del artículo 116.3 (“La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa”) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, calificándose tal infracción como menos grave.

Uno de los motivos en los que se apoyó el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia aludía a la caducidad del expediente administrativo. Cuando un procedimiento caduca, éste queda sin efecto, anulándose todo lo actuado, si bien la Administración correspondiente se encuentra habilitada para reiniciar el procedimiento sancionador desde el principio si no se hubiese agotado el plazo de prescripción de la infracción en cuestión.

En el supuesto resuelto por esta sentencia de 23 de septiembre de 2014 resultaron de aplicación la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas (la cual establece “que los plazos para resolver y notificar la resolución en los procedimientos regulados en esta Ley serán los siguientes:…3.º Procedimientos sancionadores y otras actuaciones referentes al dominio público hidráulico, un año”) y el art. 332 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (que señala que “El plazo para resolver no excederá de un año, contado a partir de la incoación del expediente”).

En este procedimiento, “la tramitación del expediente sancionador ha excedido del plazo de un año legalmente previsto, en concreto, ha tenido una duración total de 12 meses y 4 días”, lo que conllevó que se anulara la resolución recurrida.

Publicado en el número 979 de diciembre de 2014 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 802.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

No se asumen las consecuencias que puedan derivarse de la utilización de la información que se ofrece en este blog. Es responsabilidad exclusiva del lector el uso que realice de dicha información la cual nunca debe sustituir a la opinión de un profesional que atienda personal e individualizadamente al interesado.

Este blog no es un consultorio legal (ha sido creado para divulgar cuestiones relacionadas con el Derecho) no pudiendo proceder a dar contestación a consultas personales.