jueves, 16 de noviembre de 2017

Errores de localización en sanciones por extracción de aguas

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de fecha 6 de julio de 2017 ha anulado la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura a una sociedad mercantil dedicada a la agricultura por la que se le castigaba con una multa de 5000,00 euros y obligada igualmente al pago de 1.319,70 € en concepto de daños al dominio público hidráulico, prohibiéndose asimismo la explotación del sondeo declarado ilegal.

La Confederación consideró que en los terrenos de la citada mercantil existían dos pozos, uno que se encontraba autorizado y otro que resultaba ilegal, calificando la explotación de este último pozo como constitutiva de la infracción una infracción tipificada en el art. 116.3 a ) y b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación con el art. 315 a ) y m) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, consistente en haber realizado la explotación de un sondeo sin disponer de autorización administrativa para ello.


La sociedad sancionada decidió recurrir ante el tribunal citado alegando que en su propiedad tan solo existía un único pozo el cual se encontraba autorizado. El tribunal estimó el recurso presentado por la sociedad, al interpretar acreditado que en la parcela y polígono al que venimos haciendo referencia solo existe un sondeo habida cuenta i) que existe documentación suficiente en las actuaciones para concluir que son ciertos tales hechos, ii) que no se ha acreditado por la CHS que exista en dicha parcela otro pozo que el indicado, iii) que la propia CHS asigna coordenadas diferentes al mismo pozo en sus documentos. Por lo que es evidente la carencia del mínimo rigor necesario para identificar la localización del pozo por parte de la CHS, circunstancias que provocan que deba anularse la sanción impuesta por aplicación del principio de presunción de inocencia previsto en el art. 24.2 de la Constitución (este principio conlleva que corresponda a la Administración la carga de probar la certeza de los hechos imputados, sin que en ningún caso esté obligado el inculpado o expedientado a probar su propia inocencia por la presunción constitucional); en este sentido, el tribunal llegó a la conclusión de que no existen pruebas suficientes de la explotación sin autorización que se imputa a la mercantil recurrente para enervar la presunción de inocencia, revocando la sanción impuesta condenando asimismo a la Confederación a sufragar los gastos del juicio causados a la sociedad.

Publicado en el número 1010 de octubre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 736.

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