miércoles, 7 de febrero de 2018

El estado de necesidad en el Derecho de Aguas

En estos momentos en que la sequía azota a toda España, es conveniente traer a colación una figura, el estado de necesidad, que tiene origen en el Derecho Penal, y que resulta aplicable en el Derecho Administrativo Sancionador, rama jurídica en la que se incluyen las sanciones en Derecho de Aguas. El artículo 20 del Código Penal exime de responsabilidad criminal al que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber,  siempre que concurran los siguientes requisitos: 

  • Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; 
  • Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
  • Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

El estado de necesidad representa una causa de exculpación que podría plantearse aplicable cuando una persona, que no cuenta con la dotación necesaria para abastecer su cosecha proceda a regar tal plantación para evitar su pérdida o deterioro. Así ocurrió en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo de 2017, en la que se sancionó a un agricultor por extraer agua sin autorización de un pozo en la cuenca del Guadiana. El agricultor sancionado invocó el estado de necesidad imperiosa, por concurrir los requisitos exigidos en el artículo 20.5º del Código Penal, al precisarse de agua en una plantación de viña en espaldera de regadío, cuya falta no solo determinaría la pérdida de la cosecha sino también de la plantación, y hasta de la propia empresa, y de más de mil jornales anuales de braceros.

El Tribunal Superior de Madrid negó la concurrencia de esa causa de exoneración de responsabilidad considerando que el estado de necesidad es la “última ratio”, para solucionar o paliar un conflicto grave y acuciante que, por sus características e inminencia, no permita dilaciones o aplazamientos, por lo que, para que el estado de necesidad pueda apreciarse, es preciso que previamente se hayan agotado todos los recursos o remedios existentes para solucionar ese conflicto. En este supuesto, no se agotaron todos los recursos al alcance del agricultor sancionado para utilizar el agua del pozo litigioso sin concesión ni autorización administrativas, de donde se sigue que no proceda estimar el presente recurso contencioso administrativo.

Publicado en el número 1012 de diciembre de 2017 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 923.

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