jueves, 8 de marzo de 2018

Apuntes jurídicos sobre el agua desalada para riego

En estos momentos de escasez de agua en el que insistentemente se alude a la posibilidad de acudir al agua desalada, es conveniente exponer el supuesto resuelto por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 14 de diciembre de 2017 que aborda una sanción por uso no autorizado de agua desalada. Debemos partir de varias consideraciones:

• Las aguas procedentes de la desalación son públicas al formar parte del dominio público hidráulico (art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).

• Para poder realizar un uso privativo de las aguas (como el riego) es necesaria la obtención previa del título administrativo habilitante (concesión en este caso). El artículo 52 de la referida Ley de Aguas dispone que “el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa”, y el artículo 59 del mismo texto legal establece que “todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa”.

• Se han creado diversas empresas estatales para la construcción, explotación y gestión de la plantas desalinizadoras. Estas empresas han suscrito convenios con agricultores para que les suministren agua desalada.

La sentencia objeto del presente comentario plantea si la firma de uno de los referidos convenios entre la empresa estatal y el agricultor habilita a este último para regar sus tierras con agua desalada, sin necesidad de contar con autorización o permiso alguno de la Confederación Hidrográfica correspondiente. En este sentido la referida sentencia resuelve de forma clara tal cuestión al negar que "la sociedad estatal pueda sustituir al Organismo de cuenca en la determinación de los particulares que ostentan esos derechos… la disponibilidad de agua procedente de la desalinización, el suministro de la misma por la sociedad que se ocupa de su gestión, o la suscripción de un convenio para su adquisición, no eximen al usuario (el agricultor) de la obligación de obtener la correspondiente concesión administrativa que le autorice el uso privativo del agua, que solo podrá otorgar el Organismo de cuenca con competencia en la materia..."

Publicado en el número 1014 de febrero de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 29

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