jueves, 26 de julio de 2018

Comunidad de Regantes: gastos generales, ordinarios y desvío presupuestario

El pasado 22/2/2018 la Dirección General de Tributos emitió la Consulta Tributaria Vinculante V0498/18, en la que se contestaba a la consulta realizada por el miembro de una Comunidad de Regantes ante el requerimiento de pago realizado por la Comunidad para cubrir el presupuesto de la misma referido a gastos generales, ordinarios y desvío presupuestario. En esta consulta se planteaban, entre otras cuestiones, cuál era la naturaleza jurídica de tales conceptos y los recursos que resultaban procedentes ante la exigencia de tales créditos.

En este sentido, la Dirección General de Tributos rechaza la consideración de tales conceptos (gastos generales, ordinarios y desvío presupuestario) como tasas, descartando así su naturaleza tributaria, si bien reconoce la posibilidad a las Comunidades de Regantes de reclamar su abono mediante la vía de apremio en aplicación del art. 83 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

El procedimiento de apremio se define como aquel procedimiento administrativo que sigue la Administración “para recaudar el importe de los tributos no satisfechos durante el periodo voluntario de pago” (DEL ARCO TORRES, M. A., Y DEL ARCO BLANCO, A. I. (coord.), “Diccionario Jurídico Básico”, 7ª ed., Comares, Granada, 2009, pg. 49).

Una vez vencido el periodo voluntario de pago sin el abono de la cuantía reclamada, el procedimiento de apremio se inicia mediante providencia al obligado al pago en la que se le identifica la deuda pendiente, se liquida el recargo del periodo ejecutivo y se le requiere para que efectúe el pago en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la LGT, advirtiéndole de que, en caso de no realizar el ingreso de toda la deuda pendiente (incluido el recargo de apremio), se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.

Más allá de exponer la posibilidad que tiene la Comunidad de Regantes de acudir a la vía de apremio, uno de los aspectos más relevantes de la consulta es la declaración de que “los actos dictados por las Comunidades de Regantes no pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa” (al rechazarse que exista “precepto legal expreso que establezca que los actos de las Comunidades de Regantes, en cuanto Administración Corporativa, sean objeto de reclamación económico-administrativa”), lo que provoca que tales actos deban ser objeto de recurso de alzada ante la Confederación Hidrográfica correspondiente.

Publicado en el número 1018 de junio de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 24

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