lunes, 27 de agosto de 2018

Presunción de inocencia en Derecho de Aguas



La Sentencia de 15 de marzo de 2018 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia  ha resuelto el recurso interpuesto por un sujeto que fue sancionado por la Confederación Hidrográfica del Segura  (CHS) contra una multa de 3.000 € por haber realizado un vertido a una rambla sin la correspondiente autorización, conducta que la referida Confederación consideró constitutiva de la infracción leve prevista en el art.116.3, g) (El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga) en relación con el art. 97.a) (Queda prohibida, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular: a) Acumular…sustancias…que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno). En su recurso el sancionado alegó que la sanción impuesta no se ajustaba a Derecho dada la total ausencia probatoria de los hechos que se le imputan Y que en realidad la CHS no conoce el origen de los vertidos.


En este sentido el Tribunal Superior de Justicia analizando el supuesto declaró que ante las dudas y meras sospechas de la autoría del vertido en lo que respecta a los cítricos, se deberían haber extremado las pruebas, para averiguar el origen de los vertidos de cítricos.

En un procedimiento sancionador en materia de Derecho de Aguas, al igual que en el Derecho Penal, rige el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución conforme al cual incumbe a la autoridad que ejerce esa potestad, la carga probatoria y está absolutamente exonerado de ella, el que la sufre, que no viene obligado a probar su inocencia (Sentencias del Tribunal Constitucional 105/88 STC Pleno de 8 junio 1988 y 76/90 STC Pleno de 26 abril 1990). La Administración que pretenda sancionar a una persona o sociedad por haber cometido una infracción en Derecho de Aguas, debe probar que se ha cometido la infracción, presumiéndose la inocencia del supuesto infractor. En este caso, el Tribunal resolvió anular la sanción impuesta ya que no son suficientes las meras sospechas para imponer una sanción, por lo al ser un procedimiento sancionador debe primar la presunción de inocencia del art. 24 de la CE.

Publicado en el número 1019 de julio-agosto de 2018 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 30.

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